Fiscalización inició la indagación sobre la ruta del dinero que el Gobierno le entregó a Progen

La investigación sobre la ruta del dinero entregado a la empresa Progen comenzó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Este 2 de julio de 2026, la mesa legislativa avocó conocimiento de la resolución aprobada por el Pleno el pasado 24 de junio.

En una sesión que duró aproximadamente 15 minutos, incluido el tiempo destinado al registro de asistencia de los legisladores que integran la comisión, la mesa dio por iniciada la indagación. 

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, anunció que se realizarán los pedidos de información y las convocatorias a comparecencias que sean necesarias para desarrollar el proceso de fiscalización.

“Hemos avocado conocimiento del proceso de fiscalización remitido por el Pleno de la Asamblea. Procederemos dentro del plazo de 30 días realizando las convocatorias para las comparecencias que así creamos convenientes”, mencionó Álvarez.

¿De qué se trata la fiscalización?

La bancada oficialista ADN impulsó en el Pleno una resolución para investigar la ruta del dinero entregado a Progen, luego de que el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, expusiera los hallazgos del proceso legal que se lleva adelante en Estados Unidos.

La moción fue presentada la semana pasada por la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Tapia, y recibió el respaldo unánime del Pleno. Sin embargo, esa no fue la única acción emprendida por ADN tras la difusión de la información presentada por Neira.

Previamente, la bancada oficialista acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar la vinculación de otros actores privados dentro de la instrucción fiscal que lleva adelante el Ministerio Público.

Paralelamente, la Comisión de Fiscalización también tramita el juicio político contra la exministra de Energía Inés Manzano. 

Aunque ese proceso no está relacionado con el caso Progen, sí tiene su origen en un contrato para la compra de generadores de energía. En este caso, el correísmo impulsa la censura de la exfuncionaria por su presunto rol en la contratación con la empresa Austral Technical Management (ATM).