Inés Manzano puede estar en camino a ser un nuevo Mario Godoy

¿Alguien ha visto al doctor Mario Godoy? Han pasado más de cuatro meses desde que la Asamblea Nacional lo censurara el 18 de febrero. Tan solo unas horas antes, Godoy había presentado su renuncia, como para burlarse una última vez de sus fiscalizadores. Desde entonces, su figura prácticamente se ha esfumado de la escena pública. Por ahí salió el señor fiscal general a decir que tenía en su despacho dos investigaciones contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, de las cuales no sabemos nada y a las que no les ha puesto logo, razón por la cual podemos entender que no son casos de su interés. De cosas más concretas lo acusó alias Negro Willy, pero no cabe mencionarlas ya que, al igual que el resto de lo que dijo, fueron presentadas con poca coherencia y aún menos fundamento. Al fin y al cabo, parece que el señor Godoy la sacó barata después de haber sido señalado por supuestos actos gravísimos, entre los que destacan el presumiblemente haber ejercido su cargo teniendo un conflicto de interés con grupos delictivos y encima haber presionado a Carlos Serrano, un juez en funciones, quien tuvo que salir del país temiendo por su vida.

El juicio político a Inés Manzano en la Comisión de Fiscalización

Tal suerte puede parecer hasta envidiable para una exfuncionaria cuyo proceso de control político finalmente avanza, después de múltiples retrasos, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Ella es Inés Manzano, hasta hace poco ministra de Ambiente y Energía (y Minas, Hidrocarburos, licencias demoradas, tasas sorpresa y toda una serie de responsabilidades más), señalada como una de las responsables por los atracos eléctricos de Progen y ATM (este segundo es el que marcha por la Comisión). Para el oficialismo, la mejor respuesta a esa acusación ha sido una pregunta: ¿responsable de qué?

Cuando les ha convenido, los asambleístas de ADN han hecho malabares con los conceptos de responsabilidad penal y política para detener o al menos distraer los intentos previos de sentarla en el banquillo de los interpelados. Se pasaron medio año en la Comisión de Transparencia, dirigida por Diana Jácome, tratando de establecer que los ministros del Gobierno nada tenían que ver con las contrataciones a Progen y ATM (cosa bastante graciosa, porque cuando las obras salen bien uno los puede ver disfrazados de contratista, con chaleco naranja y casco amarillo, asumiendo el éxito de la gestión). Con ese fin llegaron a traer al contralor general a una sesión para que les explicara a ellos, encargados de determinar la responsabilidad política de los ministros, que ante los ojos de la Contraloría un ministro no es responsable civil o penal por los contratos que firman los gerentes de las empresas públicas (para conseguir esa misma respuesta hubieran podido salir a la calle a buscar a un burócrata o abogado cualquiera y llevarlo de las mechas al Palacio Legislativo). Eso les sirvió para decir que el tema quedaba fuera de competencia y mandar, sin llegar al Pleno, su informe carente de conclusiones a la Fiscalía.

Las investigaciones de la Fiscalía y la crisis de los contratos eléctricos

Desde entonces y hasta hace poco, el oficialismo se la ha pasado diciendo que los casos Progen y ATM están en manos de Fiscalía y que no lo politizarían. Debemos entender que la politización, por arbitrariedad u omisión, ahora es el trabajo del fiscal. Y es que llama profundamente la atención que en un caso que adquirió fuero de Corte Nacional porque se lo investigó originalmente al ministro Roberto Luque no consten como imputados ni él ni Manzano, sino el ministro que manejó la cartera de Energías entre ellos dos: Antonio Gonçalves. Si Gonçalves está ahí porque se firmaron los contratos y se desembolsó el dinero bajo su gestión, cabe pensar que Luque debería figurar porque se los negociaron bajo él y Manzano porque con ella continuaron los desembolsos.

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Aunque esto expone la engañosa retórica de los asambleístas de ADN al demostrar que, al menos para su tan querida Fiscalía, sí es posible conectar a un ministro con el caso, es importante regresar al problema de origen: la responsabilidad política es algo muy distinto a la penal.

Primero, porque caduca. Poniéndose esperar a que haya una resolución en firme por parte de la justicia, el plazo para enjuiciar a Luque, Gonçalves o Manzano por sus acciones al frente de Energía se les habría agotado (solo pueden someter a un ex funcionario a la censura hasta un año después de su salida del cargo). Segundo, porque la responsabilidad política es por definición subjetiva y amplísima. Un argumento que debería ser convincente para la Asamblea) y que no necesariamente lo sería en una corte es el siguiente: les tomaba cinco minutos a cualquiera de los ministros llamar a cualquier persona que haya trabajado con generadores en su vida para enterarse de que Progen y ATM no son unos de los pocos fabricantes de grandes grupos electrógenos en el mundo. No haberlo hecho -o haber ignorado esa realidad- los vuelve unos irresponsables.

Le devuelvo la palabra, señor presidente.