La de Zaruma realmente ha sido una guerra avisada y aunque aún no ha matado gente, el riesgo de que en cualquier momento haya víctimas humanas es altísimo. A esta terrible amenaza se suma la enorme pérdida infringida a nuestro patrimonio cultural: las casas del casco urbano que se derrumbaron eran de enorme valor histórico y arquitectónico.

Las advertencias de peligro fueron emitidas desde 2013 por parte de veedores ciudadanos, académicos, autoridades de control y funcionarios públicos, y pese a que en 2016 ya hubo un hundimiento con pérdida patrimonial, nada se hizo hasta ahora, cuando un nuevo socavón provocó el derrumbe de más edificaciones. La gravedad de la situación ha llevado a que 300 personas hayan sido evacuadas, generando caos, incertidumbre y angustia, sin que se avizore una solución. La falta de control, la corrupción y la desidia han permitido que la minería ilegal ingrese a la zona de exclusión desde las afueras de esta, desde accesos en edificaciones del centro de la urbe, e incluso desde zonas legales que tienen concesiones.

Es imperativo que se investigue a fondo para que se sancione a los culpables y se exija una reparación económica que cubra los costos que implicará la construcción urgente de una infraestructura que sostenga a la ciudad.