El sector de la salud está colapsado y su deterioro es progresivo. Pese a los correctivos anunciados por el Gobierno, la atención médica empeora día a día. Varios son los frentes en los que el descontrol, la corrupción y la falta de planificación se evidencian a diario, sin que se vislumbre a corto plazo una puesta en orden. A la escasez de medicamentos, postergación de citas e intervenciones quirúrgicas, y sobreprecios en la adquisición de insumos y medicinas, se suma la operación de intermediarios que ni siquiera cuentan con una infraestructura adecuada, o la tarifa diferenciada por prestación de servicios para el ciudadano común, la empresa privada de seguros o el IESS. Ello hace patente la falta de transparencia y las irregularidades en la gestión. También fracasa el Estado en la atención de la drogadicción. El número de clínicas autorizadas para tratar la narcodependencia resulta insuficiente para satisfacer la demanda en permanente ascenso, pues el proceso para abrir un centro de rehabilitación que cumpla los requisitos establecidos es muy complicado y lento, privilegiando la clandestinidad. Finalmente, y aunque es más barato invertir en medicina preventiva que curar a un enfermo o rehabilitar a un adicto, no se avizora ninguna planificación ni esfuerzo gubernamental en ese sentido, salvo la vacuna contra la covid-19.