Una respuesta inmerecida
Los ciudadanos deben ubicar en su radar a aquellas autoridades que hacen del silencio hacia ellos su práctica diaria. Una respuesta no es una dádiva, ni una opción. Es un deber para con los ciudadanos
Guardar silencio se está convirtiendo, cada vez más, en la impronta de los funcionarios públicos en el país, salvo honrosas excepciones. Dar la cara y responder a cuestionamientos propios de sus obligaciones es parte de su trabajo por el que, vale precisar, reciben un salario pagado con los impuestos de todos los contribuyentes. Sin embargo, esquivar, eludir, zanjar una pregunta y guardar silencio parece haberse convertido en el nuevo requisito no contemplado en la ley para pertenecer a la función pública.
La reciente investigación de este Diario sobre el manejo de los fotorradares bajo un sistema opaco de emisión de multas por millones de dólares no inmuta a la Defensoría del Pueblo, ni a los concejales de Guayaquil, ni a la Contraloría. Lo mismo con el caso de los permisos irregulares para vallas publicitarias entregados por el Municipio de Guayaquil. Un silencio sepulcral que los hace cómplices de la negligencia.
Los ciudadanos deben ubicar en su radar a aquellas autoridades que hacen del silencio hacia ellos su práctica diaria. Una respuesta no es una dádiva, ni una opción. Es un deber con los ciudadanos. El silencio, en el fondo, no deja de ser una respuesta, pero una que los contribuyentes no merecen ni pueden aceptar.
