En más de una ocasión hemos insistido en que el régimen de remuneraciones públicas tiene severas distorsiones. Una de ellas atañe a los sueldos de las autoridades que ejercen las más altas y delicadas funciones del Gobierno y del Estado. Tales remuneraciones no guardan relación con la responsabilidad de salvaguardar los intereses de los ecuatorianos.

Los ingresos asignados en los altos rangos del Estado actúan a manera de filtros taponados que seleccionan a oportunistas políticos, a quienes buscan atención o, en el peor de los casos, a los que van motivados por hacer sus propios negocios. El resultado es que muchos ciudadanos, de ambos sexos, que están calificados se abstienen de participar en la conducción de ministerios e instituciones pues carecen de los medios para sacrificar sus posiciones profesionales y económicas en el tráfago político y en la exposición indiscriminada a la opinión pública.

Gobierno y Estado no son lugares para hacer fortuna. Es justamente la razón por la cual la estructura de remuneraciones debe justipreciar el concurso de quienes tienen vocación de servicio y cuyo concurso es requerido pues sus acciones, decisiones y omisiones tienen impacto directo sobre el bienestar colectivo.