Hoy todos nos reintegramos a nuestras labores. Todos, menos la clase política. Autoridades y funcionarios públicos, designados o de elección popular, y una nutrida lista no oficial de precandidatos para los comicios del 2021 guardan silencio ante el resquebrajamiento imparable del país.

Lo sucedido durante el feriado pone en evidencia la injerencia en la justicia de personajes y grupos intocables y con el poder suficiente para alterar el “debido proceso”. Sin embargo, los llamados a pronunciarse, ya sea dando explicaciones o exigiendo el esclarecimiento y la sanción inmediata de los implicados en el más reciente escándalo nacional y en los que lo han precedido, ni siquiera se dan por aludidos. Tampoco emiten (al menos) una opinión los que aspiran a dirigir los destinos del país en el corto plazo.

Ni la contundencia ni la gravedad de los más recientes acontecimientos, ni las consecuencias e implicaciones que tendrán en el futuro inmediato de los ecuatorianos logra remecer a la clase política, que inerte y calculadora contempla la debacle nacional.

Mientras la impunidad campea esperan, los unos el inicio de la campaña electoral, los otros el fin de su periodo en funciones, convenientemente ausentes, en un feriado sin fin.