Ni cada tres años, ni dentro de tres meses. Ecuador no está en capacidad de resistir otro embate como el generado por la paralización y la violencia de las protestas indígenas. Por justos que sean los reclamos no pueden hacerse impidiendo a quienes no se están manifestando desempeñar sus actividades cotidianas ni acceder a los servicios que necesitan para subsistir.

Ningún logro justifica el sufrimiento de quienes no pudieron recibir atención de emergencia o tratamiento a sus enfermedades porque las vías estaban obstruidas. Ningún empresario ni ningún emprendedor o trabajador informal o formal (incluidos los periodistas) tienen por qué verse expuestos a agresiones, a daños a su propiedad privada o a la destrucción de su fuente de ingresos por querer laborar mientras los otros reclaman. Ningún miembro de la fuerza pública merece ser golpeado o perder la vida por tratar de imponer el orden.

Tienen, Gobierno y manifestantes, la obligación de encontrar en 90 días soluciones equitativas y viables, y establecer un plazo razonable para su consecución. Los negocios, grandes y pequeños, de los diversos sectores productivos no serán capaces de resistir otro golpe, tampoco el tejido social. El resultado sería la quiebra, la pérdida de miles de empleos y una debacle socioeconómica.