Todo el mundo se preocupa, y con razón, por los hechos de extrema violencia ocurridos en varias cárceles del país. Sin embargo, cuando se observa con asombro el crecimiento de la delincuencia vinculada a todo género de violaciones a la ley, como el narcotráfico, el secuestro de personas o el sicariato, poco o ningún énfasis se hace en comentar los delitos de cuello blanco, que también cotidianamente observamos, con graves consecuencias para la economía y la vida nacional. Muy pocos de los que así delinquen están presos y no porque estos quebrantamientos de la ley hayan dejado de producirse en el país sino porque quienes los cometen están cubiertos con un gran manto de impunidad derivado de su poder político. Sin querer sacar conclusiones al apuro, es evidente que la falta de sanciones a la delincuencia política de alto rango estimula el que se cometan otros delitos y mantiene viva la creencia popular de que las penas o castigos son solo para unos pocos.

Es imprescindible entonces, sin ánimos de revancha, que se realicen todas las acciones requeridas para que la justicia actúe en todos los casos y no continúe manteniendo represadas las causas penales contra determinados dirigentes políticos, ahora incluso plenamente identificados.