Por el empuje de unos cuantos pioneros visionarios se aprobó la primera ley de mercados de valores en 1970. Fue la gran novedad del momento, pero devino en una suerte de letargo prolongado que completó ya cinco décadas en medio del anonimato. El resultado es que Ecuador, aún hoy, carece de un mercado relevante para el arbitraje y cotización transparente y dinámica de los instrumentos de renta variable y fija que, emitidos por los agentes de mercado, son las especies transadas en las Bolsas de Valores.

Son muchas las causas: en Guayaquil, un liderazgo prolongado en el tiempo más allá de su capacidad para inspirar; vínculos débiles entre los mercados de Guayaquil y Quito; pocos incentivos para los potenciales usuarios; un marco legal obsoleto, elemental e institucionalmente desubicado; la represión financiera que domina a la política, y, finalmente, la falta de familiaridad del público con las entidades. Son todos obstáculos que deben ser superados pues el país se ve impedido de canalizar el intercambio entre ahorristas e inversionistas, compradores y vendedores de títulos, todos quienes, como agentes de mercado, llevan a cabo una actividad absolutamente necesaria para el desarrollo y la modernización de la economía.