La escandalosa estafa que involucra a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional trae consigo un componente político que altera aún más los ánimos de los ecuatorianos. Se trata de la polémica normativa legal que garantiza que el Estado cubrirá cualquier faltante que exista en los fondos destinados al pago de las pensiones de los uniformados, la cual fue publicada en el Registro Oficial seis días antes de que el expresidente Correa abandonara el cargo. El hecho es que los contribuyentes tenemos que hacernos cargo de esos fondos aún cuando se produzca un fraude, estafa o mala inversión por parte de los administradores, ante la parsimonia de las autoridades, que se supone deben velar por los intereses ciudadanos. Es difícil saber en cuántas ocasiones se han cubierto faltantes injustificados o si los operadores de justicia detectaron irregularidades en el manejo del dinero ajeno. En la actualidad, con un Estado quebrado y sin posibilidades de recuperarse a corto plazo, será complicado responder por unos fondos que no aparecen, mientras que los responsables, como ya es costumbre, fugaron del país. Por eso es urgente reformar esta ley para no solapar más corruptelas en las instituciones públicas. Del atraco que respondan quienes lo originaron, no los ecuatorianos honestos que trabajan para salir adelante.