Entre otros de sus altos fines, los medios de comunicación colectiva tienen el de ejercer la defensa de los intereses ciudadanos en ámbito nacional, regional y local. Para cumplir con sus lectores y como parte de su política editorial, designan a periodistas que cubren las distintas fuentes y algunos que se dedican a tareas de investigación. Ello significa que su trabajo responde a decisiones de la dirección y, por tanto, está respaldada por ella.

Las denuncias sustentadas que se realizan, no obedecen entonces a la voluntad personal de quien las expone a la opinión pública. Son el resultado de una política editorial comprometida con la defensa de los intereses de los ciudadanos. No tienen como objetivo perseguir o perjudicar a determinado funcionario en particular; su propósito es dar a conocer, esclarecer, lograr rectificaciones.

Tratándose por tanto de una manera de entender la grave responsabilidad de orientar la opinión pública, no tienen sentido los burdos ataques contra los periodistas que en el ejercicio de su deber descubren hechos dolosos que algunos desearían mantener ocultos.

Sin ánimo persecutorio, cabe insistir, las denuncias son parte de un compromiso ineludible que debería serlo de todos, en la lucha contra la corrupción. Nada más pero tampoco nada menos.