Durante una década, Ecuador pasó bajo el régimen amenazador de una figura que se arrogaba todos los poderes del Estado, como si fuera una de esas películas de adolescentes que viven la secundaria a expensas del machito del colegio. Ese ambiente se esfumó en las urnas en 2017. La renovación del poder enterró demonios y la toxicidad de un ambiente de terror. Donde las palabras que se publicaban o que, simplemente, se decían en las calles, podían conllevar cárcel o multas.

Sin entrar a juzgar la administración actual y apelando a que la Justicia depure los delitos que, en su caso, se hayan cometido con recursos públicos, hay que trazar una línea clara entre la diferencia de vivir en un régimen o en un gobierno. El Ejecutivo actual, con aciertos y errores -y sin blanquear o minimizar sus posibles excesos- no es un régimen autoritario. Devolvió a Ecuador el Estado de opinión, recuperó el derecho a discrepar y a criticar sin que ello deje de ser considerado parte del entorno democrático. Las arbitrariedades están bajo vigilancia. El despilfarro también. Y la propaganda oficial, a la que no se ha renunciado, ya no es una versión impuesta. Que no intenten ahora los de antes generar ruido como si todos los males de hoy fuesen peores a una década de autoritarismo, bravuconería y enriquecimiento ilícito selectivo.