La frustración ciudadana respecto a la administración de justicia es cotidiana. No cabe hacer aquí un recuento para sustentar el anterior aserto.

Más allá del potencial debate que una afirmación tan categórica puede generar, lo importante, sin entrar a mensurar la magnitud del desencanto, es reducirlo o superarlo.

¿Qué hacer?

No son ajenos a los males generales de la sociedad los que se reflejan en la administración de justicia.

Por ello, cualquier diagnóstico debe incluir a la corrupción como un factor predominante.

Pero también la preparación de los magistrados y ello tienen que ver con la calidad de la educación superior.

Sincerar los niveles salariales de modo que las apetencias, o las urgencias económicas, no influyan en las decisiones judiciales sería otra vía a explorar.

También el reforzamiento, y el respeto, de la carrera judicial, incluyendo su capacitación permanente.

Obviamente, hay que superar hasta la posibilidad de atribuirle sus males a la politización de la justicia o la judicialización de la política.

En todo caso, lo que no puede seguir es la permanente duda, la eterna desconfianza.