Editorial | Un enorme riesgo para la propiedad privada
Para que la posibilidad se convierta en realidad solo hace falta la mala intención de quien ejercer el poder
La simple estructura del caso debería encender las alertas de todo el sector empresarial del país. Este es el resumen: la Superintendencia de Compañías intenta revertir un importante paquete de acciones de una accionista de esta empresa -sin explicación o derecho a replicar- para pasarlo a otra en proceso de liquidación, manejada por un liquidador nombrado por la propia Superintendencia. Puede parecer un proceso común y ordinario, pero en el fondo es un intento de entrometerse en el quehacer periodístico de un medio crítico al Gobierno.
La pregunta es: ¿y si mañana el interés de alguien dentro del Gobierno es abrirse espacio, por ejemplo, en el sector de la alimentación, de la construcción, del florícola, del bananero o del camaronero, y usa las mismas argucias para debilitar a las empresas competidoras? Es una duda razonable que los dirigentes empresariales no pueden obviar ni mirar de lado. Para que la posibilidad se convierta en realidad solo hace falta la mala intención de quien ejercer el poder de usar el aparato estatal para su beneficio propio o de terceros interesados. Solo eso y nada más.
Es una enorme puerta abierta a la violación de las acciones de las empresas. Que luego, como ha ocurrido con muchas otras advertencias no escuchadas, no sea muy tarde para actuar.