Los responsables de la deplorable situación de las finanzas del IESS, por desequilibrios creados a conveniencias políticas, deberían ser penalizados por el grave daño causado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no atiende bien ni a los que pagan ni a los miles que no pagan, pero que tienen derechos adquiridos por decisiones sin ningún respaldo técnico.

Los eternos desequilibrios, que golpean directamente a los aportantes, obedecen a los desajustes permitidos por los gobiernos de turno y los legisladores que aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Social y cambios en los porcentajes de los fondos de salud y de pensiones, los cuales han derivado en que cada vez haya menos dinero para cubrir los pagos de los pensionados y de los montepíos. No pueden pagar lo mismo los solteros que las madres o padres cuyos hijos menores de edad reciben atención sanitaria con el aporte de solo uno de los cónyuges y/o progenitores.

La responsabilidad penal debe recaer en los mandatarios que promulgaron los cambios o que no han hecho nada para remediar la situación; también en los legisladores que crearon leyes sin tener el financiamiento correspondiente; y además en los directivos que han permitido o han sido parte de las redes de corrupción que han desfalcado las arcas del Seguro Social.