Han pasado más de cinco meses desde que los ecuatorianos conocieron a ciencia cierta -gracias a un trabajo investigativo de la FDA de EE.UU.- sobre el riesgo inminente de exponer su salud debido a la contaminación de ciertos alimentos con niveles elevados de plomo. El tiempo pasa, pero aún se percibe la inercia de las autoridades, que sin el anuncio de medidas concretas siguen sin devolver la confianza y tranquilidad a los consumidores.

El Ministerio de Salud ha hecho público un primer reporte que confirma la presencia de plomo en sangre en 12 personas de 60 casos que se investigan. Pero eso no ha sido suficiente para encender alertas; todo lo contrario, se ha minimizado el asunto alegando que este es un número pequeño de afectados “aún con vida” y en “estado estable”. No obstante, preocupa la discrecionalidad con que se trata el tema, en un escenario en el que no se tiene mayor investigación ni tampoco data. A esto se suma que Arcsa meses atrás denunció estar sin capacidad de operar.

La salud ciudadana está en juego. Es prudente y necesario elevar el nivel de acción, primero para detectar técnicamente la real incidencia del problema. Aliarse a laboratorios privados y universidades está bien, pero desde el Estado se requiere una apuesta por reforzar la infraestructura y la tecnología propia para volver más eficientes los controles.