Editorial: Peligrosa intromisión
La paralización de una obra por riñas entre poderes no puede generar una afectación mayor a quienes se pretende proteger
El Gobierno central no puede convertir los permisos, registros y licencias ambientales -documentos esenciales para la protección del medioambiente y otorgados según las competencias del Ministerio, las prefecturas o los municipios- en instrumentos políticos de ataque o persecución a las autoridades locales bajo el argumento de que se está defendiendo a la ciudadanía. La paralización de una obra, incluso cuando ya se han cumplido etapas como los cierres viales, puede generar una afectación mayor a quienes se pretende proteger.
Si bien es cierto que el incumplimiento de la normativa ambiental conlleva la suspensión o prohibición de obras por parte del Ejecutivo, también lo es que existe una desconcentración de poderes y una distribución de competencias entre los distintos niveles de gobierno: central, regional, provincial, cantonal y parroquial.
Por ello, resulta incomprensible que el Ministerio del Ambiente intervenga en la construcción de un puente vehicular en la avenida del Bombero, donde no existe ni siquiera un área protegida. Las denuncias ciudadanas en redes sociales sobre supuestos perjuicios a la circulación vehicular no constituyen un argumento técnico suficiente para frenar la ejecución de una obra de interés público. Los ciudadanos no pueden ser afectados por las riñas políticas de quienes ejercen el poder nacional y local.