Editorial | La Libertad: se debe saber la verdad
La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes iban a ser los verdaderos beneficiarios detrás de este esquema fraudulento
El intento de venta irregular de 93 hectáreas de terreno a una mesera de 24 años en La Libertad representa uno de los intentos más graves de un presunto testaferrismo y de corrupción municipal que se haya conocido en la provincia de Santa Elena en los últimos años. Que esta operación haya avanzado hasta obtener la aprobación del Concejo Cantonal evidencia no solo una falla administrativa, sino una posible red de complicidades que debe salir a la luz.
Si bien la presión mediática logró frenar la transacción, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes iban a ser los verdaderos beneficiarios detrás de este esquema fraudulento, con un perjuicio millonario al Estado.
Pero no basta con aclarar el tema, ante la magnitud de la irregularidad, solo hay una salida ética y políticamente responsable: la renuncia inmediata del alcalde y de los concejales que votaron a favor de esta venta fraudulenta. Un funcionario público que permite, o peor aún, facilita que un caso de desfalco como este avance, carece de toda autoridad moral para continuar administrando recursos de los contribuyentes. La Fiscalía y la Contraloría, por su parte, no pueden evadir el tema. Deben actuar con el rigor que demanda un posible asalto a las arcas municipales.