Editorial | ¿Justicia selectiva?
Esta es una valiosa oportunidad para saber si las autoridades están o no dispuestas a cumplir sus tareas
Que un legislador haya salido de compras, por montos que ascienden a casi ochenta veces los USD 33.000 que declaró como patrimonio recién en mayo de este año a la Contraloría General del Estado no es cuestión baladí ni que pueda quedar tapada en la amnesia colectiva por un nuevo escándalo. El clamoroso silencio del involucrado bien puede entenderse como una táctica defensiva para no autoinculparse. Pero resulta impensable que las entidades estatales encargadas de prevenir o investigar delitos se unan a esa estrategia.
Nos preguntamos: ¿ya se ha enviado a la Fiscalía algún diligente parte policial, dándole aviso de que, por revisiones hechas en redes sociales, ha llegado a su conocimiento el cometimiento de un posible delito? ¿O ya el en otros casos presuroso director de la UAFE ha emitido un reporte de operaciones injustificadas? ¿Va a esperar a que eso suceda el fiscal general? ¿O va a abrir, como está facultado, una investigación de oficio?
La justicia en el Ecuador debe empezar a dejar de ser selectiva. Y esta es una valiosa oportunidad para saber si las autoridades están o no dispuestas a cumplir sus tareas, con independencia y sin direccionamientos, por querencias o malquerencias políticas o de cualquier otro orden. Es nuestro deber llamar a la ciudadanía a que esté vigilante.