Las acciones gubernamentales de los últimos meses han bajado en algo el riesgo de que Ecuador enfrente situaciones convulsas como las vividas en Haití, pero no lo han eliminado, ni tampoco garantizan la consecución de la seguridad integral que tanto necesita el país para dejar de vivir en zozobra y empujar el progreso.

De la efectividad de las operaciones de la fuerza pública en la lucha contra las extorsiones, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico después de que acabe el estado de excepción, dependerá la tranquilidad que sientan los ciudadanos y las empresas que han sufrido por el recrudecimiento de la violencia extrema, la cual obligó a la declaratoria de guerra interna, al toque de queda y a la militarización de las cárceles.

Solo una ofensiva sostenida contra las bandas criminales, que incluya una depuración de los malos elementos de los cuerpos de seguridad y del aparato judicial, permitirá recobrar la tan ansiada paz en el territorio nacional. De esta lucha mancomunada no pueden excluirse ni los diversos niveles de gobierno ni la Asamblea Nacional, desvalorizada esta última por las indagaciones fiscales que han desbaratado estructuras criminales al servicio de las mafias. Ecuador debe destruir todo aquello que lleve a vivir la historia de la convulsionada nación caribeña.