Dice el expresidente que el Estado ecuatoriano es fallido, que no tiene credibilidad, que no es Estado. Que la Justicia no es Justicia. Y que, por todo eso, ni siquiera se toma en serio los juicios en su contra. En un afán de deslegitimar las investigaciones, intenta también echar por tierra la institucionalidad y el sistema. No hay Estado, defiende. Eso sí, cuando se trata de pedir favores, ahí sí llama al Estado.

No hay autoridad cuando lo están enjuiciando pero sí la hay para pedir tratos de favor. El hombre que gobernó el país una década y lo llevó a un estado irreversible de asfixia económica quiere que el mismo Estado desacreditado por él flexibilice las norma electorales solo para permitirle a él concurrir a las urnas. ¿Por qué? Por capricho. No hay impedimento alguno -ni físico, ni económico ni sanitario ni de restricción de vuelos- que le hubiese impedido venir a Ecuador a firmar su aceptación y participar en las próximas elecciones. Pero no. Quería una excepción para él. ¿Para qué? Para evadir a la Justicia. A la Justicia de un país al que, tras desacreditar, pide el favor de tratarle como un ciudadano con privilegios. Cuánta doble moral... Prohibido olvidar que la época en que las reglas se aplicaban para todos menos para algunos, menos para los elegidos, fue inaugurada en 2007.