Todo el país se paralizó. Las imágenes de los desmanes en las calles de Quito y de la destructiva invasión de empresas pasaron por medios nacionales e internacionales. Se emitió un secuestro de policías y periodistas en directo por redes sociales. Se retuvo y acosó a uniformados en territorios de provincia. Se quemó un edificio público, pagado con dinero de los contribuyentes. Todo eso pasó hace un año, con miles de millones en pérdidas, pero hoy no hay responsables ni reparación.

Se habló de pruebas obtenidas por Inteligencia sobre quiénes eran los instigadores, se habló de dinero que financiaba a los violentos, se dijo que todos estaban identificados, pero no hay sanciones. Los procesos en la Justicia están, en el mejor de los casos, avanzando en un segundo plano que contrasta con la ejemplarizante sanción que se esperaba ante unas movilizaciones que rebasaron la justificación de la protesta y condenaron al país a una depresión económica aún mayor a la heredada.

El edificio de la Contraloría, quemado, sigue sin tener un responsable que asuma su reconstrucción. Pero es que aún ni siquiera se sabe qué expedientes desaparecieron. Pérdidas económicas, destrucción de bienes públicos y un golpe a la institucionalidad que hoy sigue en impunidad.