La ausencia de un plan urbanístico de largo aliento solo puede ser sinónimo de ignorancia o de picardía, ambas de nefastas consecuencias para una comunidad presidida por autoridades que solo improvisan o reaccionan a la coyuntura. La mayor parte del tiempo obran así para lograr su propio beneficio o favorecer a unos cuantos amigos.

Los ciudadanos tenemos derecho a saber hacia dónde va la ciudad, la provincia, la región, el país, para elegir dónde residir, laborar, invertir, y cómo y en qué hacerlo, y proyectar ganancias o tener presentes los posibles efectos de la ejecución de obra pública a futuro. Cuántas soluciones viales han afectado residencias y negocios, ocasionando pérdida de plusvalía y el decaer de la actividad comercial de barrios y hasta zonas enteras por la falta de previsión, sin que se haya dado ninguna compensación a los perjudicados.

La mayoría de alcaldes del país no tiene un plan que pueda ser continuado -u objetado- por su sucesor. Van al tuntún. Un día deciden hacer una piscina o construir una plazoleta, abrir un hospital o edificar un aeropuerto, sin partir de un diagnóstico de necesidades, sin priorizar, sin un norte al cual apuntar, con un orden y ruta a seguir a corto, mediano y largo plazo; sin una concepción estratégica, sostenible y viable.