Un derecho no es un delito
Ningún derecho se sustenta en la violación de otro. No se levanta cometiendo infracciones, porque eso es como reclamar la vida matando, o defender la verdad mintiendo...
El paro que un sector indígena lleva a cabo en estos días evidencia la precariedad de nuestra salud como país. En teoría, una sociedad soporta sin grandes sobresaltos el reclamo a medidas o situaciones que un sector cree adversas. La democracia es capaz de procesar sus contradicciones y resolverlas. La democracia.
Ecuador no lo es: es un remedo. Es un país que puede ser paralizado porque a una facción de un movimiento poderoso y minoritario -el ala violenta de los indígenas- se le ocurre reclamar la atención del Gobierno, y nunca se da por satisfecha. Tiene razón en la esencia de varios pedidos y está en su derecho de protestar, por supuesto. Y el espíritu de rebeldía siempre debe agradecerse en una nación históricamente dada a las genuflexiones y las servidumbres. Solo que en democracia los reclamos, como los derechos, tienen límites. Uno de ellos es la ley, principal referente moral de un colectivo.
Y si la ley fuese injusta, pues se protesta y cambia. Pero mientras está se la respeta, porque ella nace de la convicción de que necesitamos límites y sin ellos no habría posibilidad de convivencia civilizada. La protesta como expresión del derecho a la resistencia está bien y la garantiza la Constitución. Pero no implica atentar contra otros derechos igual de legítimos: a la integridad física, a la propiedad, al libre tránsito, a la prestación de servicios públicos... Ningún derecho se sustenta en la violación de otro. No se levanta cometiendo infracciones, porque eso es como reclamar la vida matando, o defender la verdad mintiendo: un derecho no es un delito.
Y es como si lo fuera si el Estado no castigase los excesos de quienes protestan. Esta vez no puede pasar por alto a los delincuentes, como sí lo hizo con quienes caotizaron al país en octubre de 2019 y fueron amnistiados por los ineptos que nos mal representan. Incendiar, agredir, robar, coartar, destruir son delitos: no son derechos. Y quienes los cometen deben ser juzgados y castigados, sean quienes sean, las veces que sean, y sin que medie en ello el cálculo político. ¿Para entender eso hace falta ser abogado? No: basta con ser ciudadano.