La tan ansiada conectividad telefónica no llega a las islas Galápagos. Y no llegará en el corto plazo, por más ofrecimientos que hayan hecho las autoridades gubernamentales a los isleños, pues dependen de la voluntad de la inversión privada.

Los 50 millones de dólares que cuesta la infraestructura del cable submarino de fibra óptica los ofreció un inversionista que no termina de desarrollar el tendido entre Manta y la isla San Cristóbal. Es que recorrer una distancia de 1.280 kilómetros bajo el mar no es tarea fácil, ni tampoco puede hacerse sin los correspondientes estudios de corrientes y de navegabilidad y de fondo marino.

El 10 de febrero de este año, los directivos de la empresa Galápagos Cable Systems, después de reunirse con la ministra de Telecomunicaciones y las autoridades locales, ofrecieron terminar la ejecución del proyecto en el 2023.

Faltan menos de tres meses para que se acaba el 2022 y todavía no hay señales claras de que esta vez no pase lo mismo que con las dos promesas anteriores. En 2019, cuando se constituyó la empresa, se anunció que la conectividad de fibra óptica entre Galápagos y el Ecuador continental y el resto del mundo estaría lista en 2020. La pandemia, se indicó después, frustró los planes. En 2021, casi al final de su mandato, el presidente saliente aseguraba que la tan esperada conexión iba a llegar en febrero de 2022. Sueños incumplidos.

Y mientras la espera desespera, propios y miles de extranjeros que visitan las islas encantadas siguen navegando entre pésimas señales de internet y deficientes enlaces telefónicos, que llegan por satélite, y que ponen en mal predicamento al país en el mundo entero.

Las quejas diarias, si pudieran contabilizarse, alcanzarían a los 33.000 habitantes de las islas y a los 271.000 visitantes anuales, que generan más de 50 millones de dólares al turismo de las encantadas.

Y es por ese monto -que no es que el país no los tenga o no los pueda conseguir- que se ha dejado todo en las manos de una empresa que cobrará por la obra que hará y por el servicio que prestará. Y después, cuando ya esté en funcionamiento, será el Estado el que tendrá que pagar por el arrendamiento. ¿Cuánto? Ya veremos.