Rosa Torres Gorostiza | ¿Seguridad para quién?
Si el plan Fénix fuese tan efectivo, los ministros deberían caminar por las calles sin escoltas, como el resto del país
El Gobierno insiste en que el plan Fénix ha sido un éxito, especialmente por la reducción en los índices de homicidios en el país. Pero si tan efectiva ha sido esta estrategia de seguridad, ¿por qué los ministros y altos funcionarios no se atreven a caminar por las calles sin escoltas, como lo hacen los ciudadanos comunes todos los días? Quienes gobiernan viven en una burbuja, rodeados de uniformados armados, mientras la población sigue enfrentándose sola al miedo, la extorsión y la violencia.
Es inadmisible que quienes diseñan las políticas públicas de seguridad lo hagan desde la comodidad de sus vehículos blindados y con caravanas policiales que les abren paso. ¿Por qué ellos tienen derecho a vivir protegidos y el resto del país, no? ¿En qué momento se convirtió el poder en un privilegio blindado? El pueblo, que con sus impuestos financia esa costosa protección, no recibe a cambio ni siquiera garantías mínimas para salir a trabajar, estudiar o simplemente vivir sin miedo.
La incoherencia del discurso oficial es ofensiva. Por un lado, se asegura que no hay recursos para fortalecer servicios esenciales, como salud, educación o transporte público. Pero al mismo tiempo, parece no haber límites cuando se trata de seguridad personalizada para los miembros del gabinete, quienes incluso acuden a eventos privados con escoltas y logística estatal, como si fuera parte de sus derechos adquiridos.
El problema no es solo la desigualdad en el acceso a la seguridad, sino el mensaje que transmite: que la vida de unos vale más que la de otros. Que hay ciudadanos de primera, custodiados y protegidos; y ciudadanos de segunda, que deben resignarse a vivir en la inseguridad. Esa brecha es peligrosa, injusta y profundiza el divorcio entre el poder y el pueblo.
Si el Gobierno quiere demostrar que el plan Fénix funciona, que sus ministros y sus hijos vivan como el resto del país: sin escoltas, sin autos blindados, sin privilegios. Solo entonces sabremos si esta estrategia de seguridad ha sido realmente eficaz o si se trata, una vez más, de una narrativa construida desde los escritorios del poder, ajena a la calle, a la realidad y a la gente.