Con la pantalla de la fiesta del fútbol, antes de la participación de nuestra selección en el Mundial, se dio la noticia que el exvicepresidente de Ecuador que cumplía una condena por corrupción desde 2017 había obtenido la libertad provisional debido a una resolución judicial emitida por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, que ya anteriormente habría beneficiado, bajo el mismo sistema, en dos casos, a supuestos narcotraficantes, con un abogado de igual antecedente.

Anteriormente ya lo había intentado con un ‘habeas corpus’ en Manglaralto y con una declaración de efecto ‘inter comunis’ en Portoviejo, y no obstante haberse dictado la libertad, no surtieron los efectos legales por ilegítimas.

La acción de protección o recurso de amparo están prostituidos y se utilizan en forma ilegítima e indiscriminada, favoreciendo a la delincuencia y la corrupción, y con ello se desnaturaliza la acción por la que el juez de cualquier especialidad, jurisdicción y competencia, está facultado, con las limitaciones del caso, para conocer y resolver de las violaciones de los derechos constitucionales, demostrando la total ignorancia de la normatividad y su aplicación, así como el interés para favorecer y conceder la acción de protección, recurso de amparo o ‘habeas corpus’, en una suerte de acuerdo colusorio previo para la resolución.

No importa que no exista jurisdicción o competencia, o que no se reúnan los requisitos legales, se expiden resoluciones en evidente contradicción con la ley y la Constitución, y esa feria o baratillo de ofertas continuará mientras la Corte Constitucional no deje sin efecto la nefasta e inconstitucional resolución de su antecesora corte correísta, que establece que los jueces en materia constitucional no cometen el delito de prevaricato, por tanto, no pueden ser enjuiciados y peor sentenciados por ese delito. El momento en que los hagan imputables y respondan por el prevaricato que cometan, veremos quién se atreve a continuar con la feria de acciones constitucionales. Esa es una de las causas por la que se ha prostituido la justicia en nuestro país.