En el primer video aparece una pastelera: “Esta ley está mal -dice-. El hecho de que se nos quiera quitar horas laborales a nosotros los empleados, eso nos viene a perjudicar”. En el segundo video habla una docente: “Es una ley que va vulnerando los derechos de los trabajadores, por los que se ha luchado durante tantos años (...). Oportunidades, ¿oportunidades de qué, para qué? ¿Qué oportunidades? Al contrario, nos están quitando derechos”. El protagonista del tercer video es un “estudiante trabajador”; el del cuarto, un jurista. Ambos dicen, poco más o menos, lo mismo. En el quinto aparece un emprendedor con una idea clara sobre los culpables: “Nosotros acabamos de pasar una pandemia muy difícil, muy grave, en donde estuvimos al borde de la quiebra, y ahora viene el gobierno y encima más, nos impone esto. Esta ley nos va a perjudicar mucho a los microempresarios”. Al final de su discurso, todos los participantes terminan con la misma muletilla: “Hay que pensar en los derechos de la gente”. De igual manera, cada video se abre con la misma frase escrita en la pantalla: “Leyes para avanzar, NO para retroceder”.

¿Quién paga esta propaganda? Seis personas: yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todo el mundo la paga, incluso los ciudadanos que apoyan el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, porque ocurre que esta propaganda está hecha con dinero público. Estos videos son producciones oficiales de la Asamblea Nacional y se difunden en la radio y la televisión legislativas, en las redes sociales del primer poder del Estado, durante las transmisiones en directo de cada sesión plenaria... Una diferente se estrena cada día.

Mientras esto ocurre, la presidenta Guadalupe Llori, que debió autorizar estas producciones, comparece en rueda de prensa, se sienta al frente de un compacto grupo de periodistas que le estiran el micrófono, los mira a los ojos y les miente con descaro: “La Asamblea Nacional y su presidenta -dice- jamás han criticado las políticas públicas del presidente de la República, jamás hemos confrontado”. Nomás organizan una campaña de propaganda contra un proyecto de ley que se niegan a debatir y que ni siquiera han leído.

Se podría comentar el contenido de los videos; se podría analizar su lenguaje populista calcado de aquel que utilizó durante todo un decenio el aparato de propaganda del correísmo;se podría comentar su estrategia de desacreditar un proyecto de ley precisamente sobre la base de su desconocimiento... Pero hay algo aún más importante: esta campaña de propaganda que impulsa la Asamblea de Guadalupe Llori es ilegal y alguien debería ser sancionado por ella. Desde luego hay una responsabilidad (al menos política) de la propia presidenta. Esta manera de utilizar el presupuesto de comunicación de la Asamblea para beneficio de agendas partidistas no solo es ofensiva sino que implica un uso indebido de recursos públicos que debería ser llevado a tribunales. ¿Por qué Pachakutik, por qué los socialcristianos, por qué los correístas no se pagan sus propias campañitas? Bueno, algunos no lo han hecho nunca.