James R. Kuipers no es un ecologista con intereses electorales: es un ingeniero con mención en Procesos Minerales por el Montana College of Mineral Science and Technology. No es tampoco, ni de lejos, un militante antiminería, al contrario: ha trabajado 30 años para la industria minera y dirige una empresa de consultoría cuyos clientes son las compañías que operan en las minas de Montana y Colorado. En un país como Estados Unidos (quien haya visto ‘Erin Brokovich’ lo sabe), cualquier residuo de arsénico que se filtre en las aguas subterráneas puede acarrear una demanda colectiva por cientos de millones. Kuipers es la persona que se encargan de que eso no suceda. No lo hace por altruismo, lo hace por dinero.

En 2016, Kuipers elaboró un informe pericial sobre las minas de Río Blanco y Loma Larga, en los páramos del Azuay. En él aborda todos los aspectos: están los temas ambientales, por supuesto, la valoración de daños, el análisis de las técnicas de extracción, el cálculo costo-beneficio considerando la riqueza de los yacimientos, el ritmo de producción, la calidad de los metales obtenidos y la fluctuación de su precio en el mercado. En fin, todo.

Pregúntenle al dios Google: escriban “Informe Kuipers” y encontrarán el PDF. Léanlo. Y si no le creen al Yaku Pérez (porque les cae mal, porque no les gustó lo que hizo en octubre, porque desconfían de sus motivaciones, porque toca el saxo o lo que fuera) créanle a James Kuipers.

Para empezar, las técnicas extractivas. Se ha dicho que se usará “tecnología de punta” para reducir el impacto ambiental. Kuipers lo desmiente: dice que las técnicas serán convencionales. Y el impacto, “impredecible”, pero en todo caso enorme: “generación de drenaje ácido, incluido arsénico”; “interrupción del flujo de agua a la superficie”; “el régimen hidrológico se puede ver afectado, lo que puede impactar en la productividad, el hábitat y otras funciones”; “puede modificar la calidad del agua subterránea”; “puede llevar al agotamiento de aguas subterráneas en extensiones kilométricas”; “alto riesgo” para los recursos hídricos y los suelos “en niveles inaceptables para la población humana”.

¿A cambio de qué? Aquí viene el argumento clave para quienes solo hablan de dinero. Porque se ha dicho que la minería sacará al Ecuador de la pobreza. Y eso, en lo que tiene que ver con Río Blanco y Loma Larga, es mentira. Kuipers califica ambas minas como “relativamente pequeñas”. A un “ritmo modesto” de extracción, Loma Larga tendrá una vida útil de 13 años y dejará un rendimiento de 154 millones de dólares. Sin contar con que el concentrado de arsénico en el cobre de esta mina, que es del 11 por ciento, lo vuelve casi imposible de comercializar. También el concentrado de pirita tiene niveles bajos de oro, un oro de baja ley.

“El proyecto, simplemente, no es económicamente viable”, concluye Kuipers, lo cual reduce las expectativas de protección ambiental: “En nuestra experiencia, incluso los operadores de mina más éticos y mejor intencionados reducen los costos asignados a requisitos ambientales ante una rentabilidad menor a la esperada”. ¿Y Río Blanco? Peor. Es más chica: producirá 63 millones en siete años y medio. 154 millones más 63 millones, de los cuales habrá que descontar la ganancia de la compañía, que en el caso de Mirador es del 75 por ciento. Río Blanco y Loma Larga no sacarán de la pobreza al Ecuador pero producirán ganancias para las empresas. Otra vez: ¿a cambio de qué? Del agua. Del futuro. No, no es un debate constitucional, es un debate ético. Continuar con los proyectos de Río Blanco y Loma Larga no solo es irresponsable, es inmoral.