Columnas

El arte del encubrimiento

No es que el contralor sea un encubridor; es que la política nacional se ha convertido en el arte del encubrimiento

Con el contralor subrogante Carlos Riofrío pasa lo mismo que con el alcalde de Quito Jorge Yunda y sus abogados. Sin su nivel de corrupción y descaro, probablemente, pero lo mismo: ambos conciben el servicio público como una formalidad tramitológica que no tiene ninguna relación con el interés público. Le buscan la vuelta al papeleo para tratar de justificar lo injustificable. Y convierten el encubrimiento en una de sus prerrogativas. Funcionarios como ellos hacen que la corrupción sea posible.

¿Cabe imaginarse algo de más clamoroso interés público que la calidad moral de las autoridades de elección popular? Si el pueblo cometió el error de votar por un ratero, ¿no es imperativo que lo sepa? Si sobre un asambleísta de la patria pesa una sospecha, por leve que sea, de corrupción y de mal uso de recursos públicos, ¿no es un asunto que exige por lo menos ser debatido por todos los ciudadanos? Pues el contralor subrogante Carlos Riofrío, en su insondable ignorancia de los asuntos públicos, cree que no.

Hay una lista de 32 legisladores de todos los partidos que se encuentran glosados por acciones cometidas durante el ejercicio de funciones anteriores. Esa lista fue remitida a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por la propia Contraloría, en atención a un pedido presentado durante el juicio político del excontralor Pablo Celi. En ella se encuentra, curiosamente, el propio interpelante del excontralor, Juan Cristóbal Lloret. En ella se encuentra la misma presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En ella se encuentran la coordinadora del bloque correísta, Paola Cabezas, y el ideólogo de la bancada, Pabel Muñoz. En ella se encuentran hasta miembros del Comité de Ética de la Asamblea. Y, sin importar su posición ideológica, desde el socialcristiano Carlos Falquez hasta el izquierdista Salvador Quishpe, de Pachakutik, si antes de ser asambleísta fue alcalde o fue prefecto, casi seguro que se encuentra en esa lista.

¿Cuál es el motivo de esas glosas? ¿Cuál es su monto? ¿Se dieron como resultado de exámenes especiales a sus gestiones? ¿Incluyen indicios de responsabilidad penal, civil, administrativa? ¿Fueron impugnadas? ¿Con qué resultado? ¿En qué estado se encuentran? En suma: ¿podemos confiar en esos asambleístas? ¿O acaso alguno de ellos se metió de candidato precisamente para garantizarse un nivel de inmunidad? El contralor subrogante Carlos Riofrío ha dicho que esa información es confidencial. Porque sí. Porque le nace. Porque no entiende nada. Cree que un funcionario es un tramitador y que el servicio público consiste en cumplir cabalmente con el papeleo. No tiene ni la más pálida idea de la dimensión de lo que pasa por sus manos. Es un ponedor de sellos.

Por encubrir información del más alto interés público; por incumplimiento de funciones; por inútil, el contralor subrogante Carlos Riofrío debería ser juzgado políticamente y destituido de ese cargo que ni entiende ni merece. ¿Juzgado políticamente y destituido por quién? Aquí es donde la puerca se muerde el rabo: por la Asamblea Nacional. Pero la Asamblea Nacional, claro, no lo piensa tocar ni con la punta de un dedo. Son precisamente los funcionarios como Carlos Riofrío quienes garantizan el nivel de impunidad que requiere el lumpemparlamentarismo de la actual legislatura. Y es una Asamblea de parlamentarios glosados la mejor garantía para la estabilidad de un Riofrío. No es que el contralor sea un encubridor; es que la política nacional se ha convertido en el arte del encubrimiento.