Existe un espacio, uno solo, en el cual todas las personas podemos ser iguales ante la ley y merecedoras de los mismos derechos: no es nuestro origen étnico, ni nuestra identidad de género, ni nuestra adscripción a una u otra minoría, a uno u otro colectivo de víctimas de la discriminación de cualquier tipo. Es nuestra condición de ciudadanos. Y la ciudadanía del Estado de derecho acarrea un compromiso que no suele figurar en las habituales listas de obligaciones cívicas pero que, probablemente, sea la más importante de todas ellas: el compromiso de solucionar nuestros conflictos, ventilar nuestras diferencias y conducirnos en los temas públicos según criterios que puedan ser aceptados con buenas razones por todos los involucrados. Es lo que se denomina “uso público de la razón” y no hay debate en democracia por fuera de él. Ni la injusticia más clamorosa, ni el peor de los abusos, ni el más horrendo de los crímenes deberían distraer a los ciudadanos de una democracia de semejante compromiso.

Clamorosa injusticia, horrendo crimen, abuso sin nombre, el caso de María Belén Bernal ha desatado en la conversación pública nacional una ola irrefrenable y explosiva de sinrazón que no ha tenido otro efecto que el de multiplicar la ya notable crispación de todo el mundo. Es bueno conservar intacta la capacidad de indignarse pero la indignación no debería autorizar a nadie a dinamitar las posibilidades de entendernos. Y eso es lo que está ocurriendo en este caso. Ejemplos hay muchos pero basta con citar uno, que representa con bastante exactitud el estado del debate. Se trata de aquella consigna difundida por activistas de los derechos de las mujeres que dice textualmente: “No queremos que la busquen, queremos que la devuelvan”. Suena ingenioso pero es una abusiva irracionalidad.

Significa que la Policía, que es la que está buscando a María Belén Bernal, en realidad sabe dónde está; más aún: la tiene, y ha montado un simulacro de búsqueda para engañarnos a todos. Nadie con un mínimo de información sobre los hechos sería capaz de negar la responsabilidad de la Policía en la desaparición y probable crimen de Bernal: por negligencias, por omisiones que incluso podrían caer en el ámbito de lo penal en el caso de las personas que durante 20 minutos escucharon lo que estaba ocurriendo y no intervinieron. Pero de ahí a sostener lo que sostiene esta consigna hay un abismo: aquellos que la redactaron y la pusieron a circular serían incapaces de defenderla en un debate racional. Esa tendencia cada vez más recurrente a lanzar proclamas incendiarias que no tienen relación con los hechos comprobables y no podrían ser sostenidas ante terceros constituye un temerario boicot del debate público. Aquellos que aman señalar a cada rato los abusos de la libertad de expresión ahí tienen uno.

Luego uno va a buscar en el Twitter y se encuentra con que una de las personas que ha compartido esa consigna con un lacrimoso mensaje de solidaridad y de indignación por la “violencia estructural contra las mujeres” (826 retuits, 2.255 ‘me gusta’) es Leonidas Iza, un secuestrador de policías. No han pasado dos años desde que el presidente de la Conaie justificó, ante una comisión de la Asamblea Nacional, el abuso sexual del que fueron víctimas algunas mujeres de la fuerza pública secuestradas por sus huestes y ya se ha convertido en un luchador contra la violencia estructural contra las mujeres. Lo cual demuestra que ahí donde el uso público de la razón no prevalece solo pueden medrar los más canallas.