Cartas de lectores| Caos vehicular en Zona 8: urgencia que no admite más demoras
La ciudadanía no pide milagros. Pide orden, seguridad y responsabilidad
Para quienes habitamos en la Zona 8, desplazarnos cada mañana se ha vuelto una verdadera tortura. Llegar puntualmente a escuelas, colegios o centros de trabajo es una odisea diaria por el creciente caos vehicular, intensificado en las últimas semanas por la ejecución de obras públicas cuya planificación parece más improvisada que técnica. Un ejemplo claro es la ampliación de la vía a Samborondón. Hace apenas unos años fue intervenida con la construcción de retornos que generaron múltiples accidentes y críticas. Las autoridades defendieron la obra con el argumento de que contaba con estudios técnicos.
Hoy esos retornos están siendo removidos, mientras se ejecuta una nueva ampliación que implica movimiento de maquinaria pesada y volquetas en plena hora pico. ¿Por qué no trabajar en horario nocturno o restringir el transporte de materiales a horas de menor congestión? Lo mismo ocurre en la vía Terminal Terrestre Pascuales–Narcisa de Jesús, donde el transporte pesado y el transporte público transitan desordenadamente, infringiendo normas de tránsito sin mayor control. Los agentes están presentes, pero muchas veces son espectadores pasivos o incluso entorpecen más el flujo vehicular.
No se trata de oponerse al desarrollo ni a las obras viales, muchas de las cuales son necesarias, sino de exigir una planificación responsable, coherente con la realidad urbana actual y, sobre todo, con los derechos de quienes usamos estas vías diariamente. La movilidad debe ser ordenada, segura y digna. Por eso, es urgente que la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios actúen. Se debe regular con firmeza el horario de circulación de volquetas, ‘trailers’, tanqueros, maquinaria pesada y todo vehículo de gran tamaño que transite por zonas que ya no son rurales ni periféricas, sino urbanas y residenciales, como Salitre, Daule, Durán y Samborondón; así como a los conductores de la transportación pública urbana, intercantonal e interprovincial.
El riesgo no solo está en el volumen del tráfico, sino en la impericia y falta de respeto de muchos conductores de vehículos pesados, sumado a la inacción de los entes de control. La ley debe aplicarse con rigor. Si se hiciera cumplir, se reducirían accidentes, se salvarían vidas y se recaudarían fondos que podrían reinvertirse en mejorar la infraestructura vial y el control del tránsito.
La ciudadanía no pide milagros. Pide orden, seguridad y responsabilidad.
Beatriz Ocejo Z.
