Roberto Aguilar | Hay muertos que no se cuentan

Daniel Noboa no sabe cuántos muertos causaron los bombardeos con artillería pesada a las minas ilegales de Buenos Aires. “Tendría que revisarlo”, dijo hace un par de semanas en CNN cuando el periodista Fernando del Rincón le preguntó si conoce el “número aproximado de fallecimientos” . Las Fuerzas Armadas no han informado de ninguno pero el presidente deja abierta esa posibilidad: él, simplemente, no está enterado. Y no lo está, es obvio, porque no le importa: los muertos no son asunto suyo. ¿Los hubo?

¡Qué pregunta tan ociosa! La crisis de inseguridad tiene al país al borde de la histeria colectiva, la propaganda oficial exacerba nuestros miedos y nuestros odios y el populismo penal que el Gobierno nos mete hasta por las orejas aparece en el horizonte como la solución constitucional perfecta para nuestros problemas. ¿Muertos? Mientras más, mejor.

Del Rincón planteó un inteligente paralelismo entre los bombardeos de las minas ilegales (que el Ecuador aplaude como oportunos y deseables sin hacerse preguntas) y los ataques con misiles a lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe a cargo de la marina estadounidense, ataques a los que el periodista de CNN llama por su nombre: “ejecuciones extrajudiciales”. Nombre un tanto eufemístico, en realidad, porque cuando un Estado “ejecuta” a un sentenciado (en el caso de los países con pena de muerte) lo que se “ejecuta”, precisamente, es eso: la sentencia. Sin ella, estamos ante un asesinato a secas.

El hecho de que sea el más impresentable de los presidentes sudamericanos, el delirante y por mil razones sospechoso señor Petro, el único que ha condenado esos ataques, perjudica más de lo que ayuda a la causa de la justicia. Pero Petro tiene razón: lo que está haciendo Trump en el Caribe es un crimen en toda regla.

Ocurre que en una de esas lanchas iba un ecuatoriano que sobrevivió al ataque. Y resulta que, rescatado y deportado, de vuelta en el país, la Fiscalía no encontró indicio para levantarle cargo alguno. Es decir: según la ley ecuatoriana es una persona inocente a quien Estados Unidos trató de asesinar. Interrogado al respecto por Rincón, Noboa evitó pronunciarse. El caso está en investigación, dijo, mientras el Gobierno espera que Estados Unidos remita alguna evidencia en contra de esa víctima. Porque en el Ecuador según Noboa es la inocencia, no la culpabilidad, la que tiene que demostrarse. Es el mundo al revés. Nomás esperemos la constitución que se nos viene.

Así las cosas, ¿a quién puede extrañar lo que acaba de ocurrir en la cárcel de Machala? 31 presos muertos en un día, 27 de los cuales “cometieron asfixia entre ellos”, según insólita explicación de la dirección de cárceles (SNAI según siglas que resulta ocioso explicar y a nadie importan porque resultan mentirosas). Desde hace meses el Gobierno, trepado en la ola del populismo penal, viene proponiendo eliminar a los presos de la lista de personas de atención prioritaria (donde deberían estar por derecho propio en tanto su sobrevivencia, en todo el sentido de la palabra, depende del Estado). Ahora se produce una nueva masacre carcelaria y el Estado sale al paso para explicarnos que, en realidad, esas personas bajo su custodia eran desechables. Que se mataron entre ellas y nadie es responsable.

¿Alguna vez tuvimos un gobierno con menos respeto por la vida?