Roberto Aguilar: Hay que destituir a Pabel Muñoz
Los correístas admiten que Pabel Muñoz hace propaganda electoral, pero fuera del horario de trabajo.
En una democracia de verdad, donde la ley valiera más que un rábano y los ciudadanos, las instituciones y las élites políticas tuvieran algún aprecio por la conducta cívica virtuosa, aquel conjunto de valores que el filósofo español Javier Gomá Lanzón ha definido como “ejemplaridad pública”; en un hipotético (y harto improbable) Ecuador construido sobre estos dos principios (la ley y la virtud), el alcalde de Quito Pabel Muñoz sería destituido de su cargo y privado de sus derechos de participación por incurrir de forma reiterada, diríase que sistemática, en infracciones electorales graves y muy graves señaladas con claridad en el Código de la Democracia. Y el país entero estaría escandalizado. Porque escandaloso es lo que está haciendo con perseverancia y empeño.
Infracción grave, sancionada con multa de 11 a 20 salarios básicos, destitución y pérdida de derechos de participación por un período comprendido entre seis meses y dos años: la cometen los “servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones, induzcan el voto a favor de determinada preferencia electoral…”. Que los videos en los que Muñoz promociona la candidatura de Luisa González fueron grabados y transmitidos fuera del horario laboral (a las 18:05, por ejemplo), clama una legión de incontrolablemente rabiosos, involuntariamente cómicos y profundamente pendejos correístas entregados a la nada edificante tarea de defender lo indefendible. Como si se pudiera ser alcalde de nueve a una y de dos a seis.
En un video, Muñoz dice que mantuvo una “reunión de trabajo” con “nuestra próxima presidenta de la República”, quien “de manera responsable, como ella se caracteriza”, le ofreció “más recursos para que podamos hacer más obras”. Está hablando en su condición de alcalde de Quito “en ejercicio de sus funciones”, no importa si es en su hora de almuerzo o en feriado: la violación de la ley, como el amor para el caballo viejo, no tiene horario ni fecha en el calendario. Es lo que es.
Infracción “muy grave”, sancionada con multa de 21 a 70 salarios básicos, destitución y pérdida de derechos de participación de dos a cuatro años: la cometen “los servidores públicos que usen o autoricen el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales”. Como cuando la secretaria municipal de Integración Territorial, Carina Vance (que también debería ser destituida), hace propaganda electoral en instalaciones públicas de la ciudad y el alcalde vota en contra de discutir al respecto en sesión del Concejo (autorización tácita); o cuando permite que la Radio Municipal emita programas de formación política y respaldo a la candidatura correísta; o cuando utiliza esa misma frecuencia para promocionar a Luisa González en su programa semanal de supuesta rendición de cuentas (y también se niega a discutirlo). Si se aplicara la ley, Pabel Muñoz no solo debería irse a su casa: tendría que resignarse a no ser candidato presidencial en las próximas elecciones (sueño de perro que lo desvela).
Pero esto es el Ecuador, un país cuyos conceptos de ley y de virtud son terriblemente retorcidos: la primera consiste en la habilidad de encontrar figuras jurídicas que legitimen cualquier arbitrariedad o atraco, mientras que la segunda es un valor apenas equiparable a la viveza.
Ya anunció el nuevo consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, su intención de denunciar al alcalde de Quito ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el mismo organismo que desechó su anterior demanda contra los consejeros correístas del CPCCS por violación flagrante de la ley. Ahora, como entonces, sus probabilidades de éxito son escasas. Por eso, inmoral y desvergonzado, apóstol de la impunidad, Pabel Muñoz reincide cínicamente, con la sonrisa de oreja a oreja.
