Que Pabel Muñoz, en su calidad de alcalde de Quito, practicó proselitismo indebido a favor de la candidata correísta Luisa González es algo que consta a todo el mundo (de eso se trata, cabalmente, el proselitismo: de que lo vea todo el mundo). Hay que tener jeta, pues, para negarlo. Y él la tiene de sobra. Tanta, que se la pisa. Por eso se niega a cumplir el fallo judicial que lo encontró culpable de cometer infracción electoral grave y lo condenó a pagar una multa de 9.200 dólares y a pedir disculpas públicas (cosa esta última que, considerando la facilidad de los correístas para conseguir dinero y su aversión profunda a reconocer errores, le debe doler más, mucho más que la primera). Estos son sus argumentos para desacreditar la sentencia:

Primero: el proceso no es válido. Se acaba de enterar el alcalde en las redes sociales (y si está en las redes sociales tiene que ser cierto) de que el juez que lo sancionó, Joaquín Viteri, “no tendría permiso (el condicional es suyo, tan suyo como la babosada que viene a continuación) para trabajar en el sector público debido a restricciones impuestas por el Ministerio del Trabajo”. Lo dijo en esa pálida imitación de sabatina que monta cada lunes. ¿A qué se refiere? A que el señor es deudor moroso del IESS. Y, bueno, hay que entender a esta pobre almita: don Pabel es correísta, con todas las desquiciadas fantasías que eso implica en lo que se refiere al “sector público”, esa parcela de la realidad dominada por un jefe: oficinistas, taquígrafos, choferes, porteros, jueces… Todos reciben órdenes de un jefe (el jefe de Estado, que es jefe de todas las funciones del Estado) y caben en un mismo saco. Alguien debería explicar al alcalde (y a sus trolls) que los jueces tienen sus propias causas de inhabilidad contempladas en su propio código orgánico y, entre ellas, no figura la de ser deudor moroso del IESS. Además, ¿por qué no lo recusó a tiempo? Ah, cierto: se acaba de enterar. En el TikTok. O lo que fuese.

Segundo: todos lo hacen. “Cuántos prefectos, alcaldes, presidentes de juntas -se lamenta Muñoz- tuvieron alguna participación (en la campaña) y cuántos salieron en la foto con el actual presidente de la República, pero sancionan al alcalde de Quito”. En otras palabras: ¿por qué a mí?, ¿por qué a mí? Razonamiento impecable sobre la naturaleza estadística de la legalidad: supone que la ley es la ley y se aplica con rigor hasta que se juntan un número suficiente de personas decididas a violarla.

Tercero: un “pésimo precedente”. ¿Qué va a pasar con Daniel Noboa cuando entre de lleno en la campaña por el Sí en la consulta popular?, se pregunta, se pregunta en serio, ya francamente entontecido, el alcalde de Quito: ¿lo van a acusar de infracción electoral? Como si diera lo mismo: de un lado, un presidente de la República impulsando los cambios que propone al país; de otro, un alcalde valiéndose de su cargo para servir a su grupo político. Y ojo: se supone que estito era el inteligente de su partido.

Lo más entretenido de estos argumentos es que ninguno de ellos, ni siquiera remotamente, está dirigido a demostrar su inocencia. Por el contrario: al menos el segundo y el tercero parecen fundamentarse precisamente sobre el supuesto de su culpabilidad. Sí, hice proselitismo indebido, prohibido por la ley, como lo hicieron tantos otros, dice el alcalde de Quito. Sí, hice campaña como la hará el presidente Noboa, nomás que él impulsará sus preguntas mientras que yo impulsé a la candidata de mi partido. En definitiva: sí, violé la ley, por la jeta y con ganas, nomás que no deben sancionarme. Y no deben hacerlo porque, por la razón que sea, yo, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, estoy por encima de la ley.