El 5 de abril pasado el gobierno colombiano envió al Congreso una reforma tributaria. Inmediatamente surgieron protestas en todo el país, pero radicalizándose en las ciudades grandes como Bogotá, Cali y Medellín. Los actos de protesta pasaron rápidamente la línea de la manifestación ciudadana para convertirse en actos terribles de violencia urbana y subversión. El fenómeno fue muy parecido al terrorismo de octubre de 2019, concentrado fundamentalmente en Quito. Unos días más tarde, el domingo 2 de mayo, el presidente Duque anunció el retiro de la reforma tributaria planteada, pero los actos de violencia continuaron, destruyendo todo a su paso. Al igual que ocurrió con la agenda extremista de buscar el poder por la vía democrática, para luego apoderarse de todos los poderes públicos modificando las constituciones de los países y perpetuarse en el poder, la agenda de violencia regional es un plan perfectamente estructurado, una franquicia. Agazapada la extrema izquierda esperando cualquier oportunidad, financiados por el narcotráfico (que es un matrimonio de conveniencia), cuando se presenta una acción pública que luzca impopular, se activan. Su aparecimiento es violento en extremo, intimidador con la mayoría de la población civil, entrelazado con los organismos que en su fachada defienden los derechos humanos, para mantener a la fuerza pública distante y atemorizada con los juicios personalizados, y finalmente hacerse del poder. Su primer objetivo es impedir cualquier forma de gestión pública que genere progreso económico y social, porque eso les quita votos. Recuerde siempre lector: a los izquierdistas no les gusta la clase media y los jóvenes con aspiraciones, ahí no tienen votos. Su segundo objetivo es crear un marco jurídico que impida la acción de la fuerza pública, buscando judicializar a los mandos; ahí buscan vía libre para el terror. Su objetivo final es lograr el poder por la fuerza, o por las elecciones, tratando de captar el voto de una sociedad cansada y atemorizada. Si no, ¿cómo explicar que retirado el proyecto de ley, quieran seguir matando policías?