La corrupción ha pasado, en poco más de una década, de ser casi inadvertida por el radar del ciudadano común, no estando considerada como uno de los problemas que lo afectan directamente, a ser hoy uno de los más importantes, según encuestas. En este lapso, esta ha multiplicado su índice de ocurrencia, y crecido exponencialmente en cuanto a montos.

Una sociedad eficaz en el manejo de este mal es aquella que logra que los costos de la corrupción sean mayores que su beneficio, que reconoce que para que un acto tal tenga consecuencias, el individuo debe ser descubierto, aprendido, y luego sentenciado.

Hice una encuesta al respecto a una veintena de personas, entre profesionales, empresarios, ejecutivos y trabajadores con relación de dependencia, no pretendiendo tener validez estadística, sino tan solo pincelar el panorama nacional. Al parecer de este grupo, las posibilidades de que a un funcionario público equis se le descubra un acto corrupto, son no mayores al 33 %. Luego, las probabilidades de que, de ser imputado, sea apresado, son menores al 45 % en promedio. Por último, en caso de ser imputado y aprendido, la probabilidad de que la justicia falle en su contra, a criterio de los consultados, es menor al 30 %. ¿Le suena al lector esto cercano a la realidad nacional? Si así fuera, en este ejemplo las probabilidades de que el individuo que comete el delito termine finalmente pagando por ello son menores al 5 %, ya que su castigo depende de una cadena de sucesos obligatoriamente concatenados, en los que intervienen diversas instituciones como Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Policía, y por supuesto, las cortes.

Asumiendo que analizamos el actuar de un individuo amoral, cuyo accionar en sociedad no esté impulsado por valores, sino por la mera relación costo-beneficio material de sus actos, ¿qué decisión cree que va a tomar cuando el beneficio que pueda obtener sea de medio millón de dólares o de cinco millones, frente a las escasas probabilidades de asumir los costos de su acción?

Lo anterior no es válido solamente para crímenes de cuello blanco, sino para cualquier acto relacionado. ¿Cuál calcula usted que es la probabilidad de que un agente de tránsito solicite dinero, o en su defecto lo acepte, ante una infracción? ¿Tan alta? Yo también lo creo. Una de las observaciones de los encuestados fue que esa percepción del 33 % de probabilidades de descubrir un acto de corrupción, hace pocos años era incluso mucho menor, elevándose hoy, producto del desempeño actual de la Fiscalía.

Concediendo y aplaudiendo la observación, en un Estado de derecho no solo ciertos actos salen a la luz, entendiendo que es humanamente imposible que sean todos, pero sí la mayoría, y con seguridad, los evidentes. Por ello, con los enormes pasos que ha dado dicha institución, aún nos queda debiendo por los hechos de octubre, entre otros.

Para un combate eficaz de este mal, ahora prioritario para los ecuatorianos, se debe lograr que los costos de la corrupción sean altos, con Fiscalías y Contraloría intachables, dotadas de recursos, con una Policía eficiente, honesta y mucho más profesional; y claro, con otros jueces. Si alguna falla, los costos disminuyen. Estamos casi a foja cero.