Decisión política

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Decisión política

Si el consumo es un problema de salud, al Gobierno le bastaría, a través del MSP, instalar centros para el tratamiento de los adictos

Con el 17 % de la población sumergida en la adicción y la criminalidad rampante, una vez más surge la polémica sobre la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Este es el resultado, “gracias a Rafael”, luego de 10 años de abrir los cielos a las narcoavionetas, desmantelar los radares y expulsar la base de Manta; permitir el establecimiento de un campamento de las FARC en Angostura, Amazonía ecuatoriana; cedular como ecuatorianos a narcotraficantes, guerrilleros y eliminar el requisito de pasado judicial para los extranjeros; en un Ecuador dolarizado, con política de puertas abiertas y cero controles, corrupción galopante que permitía que los déficits que pudieran dejar los fondos robados, sean cubiertos con el lavado de narcodólares y una tasa de desempleo del 60 %, gracias a leyes laborales y fiscales que espantan la inversión y la generación de empleo formal. Fertilizaron el terreno para que los carteles delincuenciales, nacionales y extranjeros, se conviertan en los mayores generadores de empleo informal, con el micro y macrotráfico, chulco y lavado de activos; teniendo claro que en dicho negocio, el trabajo finaliza con la muerte del trabajador.

Terminar con la tabla de consumos echaría por tierra el microtráfico en escuelas y barrios, camuflado en supuestos consumidores. Es evidente que los carteles delincuenciales han infiltrado o comprado gente en instituciones como la judicial, legislativa, policial, etc. Por eso la delincuencia, en muchos casos, goza de privilegios e impunidad.

Si el consumo es un problema de salud, al Gobierno le bastaría, a través del MSP, instalar centros para el tratamiento de los adictos, registrando su nombre, lugar de residencia, tipo de adicción y consumo, para generar un tratamiento de reducción del consumo, utilizando en el centro de tratamiento, de manera gratuita para el adicto, la droga decomisada; disminuyendo así el microtráfico y sus efectos colaterales, como robos, sicariatos, etc., golpeando directamente el problema sin requerir de la Asamblea para aquello.

La solución, por tanto, requiere solo de decisión política.