El país enfrenta un sombrío dilema: el temor que genera el coronavirus y la incertidumbre, sin plazo, de regresar a la normalidad, en una crisis acentuada que provoca que los rostros de la angustia comiencen a rondar el pensamiento de buena parte de ecuatorianos, que observan que la pobreza y el desempleo continúan creciendo.

La dura realidad demanda unir esfuerzos e ideas con sinceridad, sin celos, egoísmos o cálculos políticos. El Gobierno ha optado por proponer proyectos de ley que buscan obtener ingresos fiscales, extrayendo dinero del conjunto de la sociedad, que inversamente requiere inyección de liquidez a su debilitada economía. Se aspira que la Asamblea Legislativa los analice con sensatez, abandonando discursos politiqueros con tinte electoral. Sería censurable que esta discusión sea un pretexto para distraer a la ciudadanía y olvide improvisaciones y falencias exhibidas en materia sanitaria, que colocan al Ecuador con alta tasa de mortalidad en relación a su población.

El Gobierno debió priorizar obtener recursos frescos ofertados internacionalmente en esta emergencia, renegociar la deuda pública aprovechando la moratoria y liberar egresos para atender gastos urgentes como pagar remuneraciones y transferencias a organismos seccionales, estimulando la circulación monetaria y la demanda. A partir de esa gestión, allanar el camino para alcanzar acuerdos de contribuciones extras de macroempresas y servidores públicos con mayores retribuciones.

Una crisis tiene que enfrentarse en sus diversas aristas: económica, política, social, sicológica, administrativa, educativa, que interactúan entre sí. A futuro es imperativo debatir cambios en el modelo de gestión del Estado, profundizar una descentralización administrativa y desconcentrar el poder político. No se puede seguir manejando asuntos locales desde la centralidad, como lo ha evidenciado esta emergencia en salud. Hay que restaurar la ética como premisa fundamental del comportamiento individual y colectivo, sin lo cual nada es beneficioso. El país sigue esperando sanción a los saqueadores de dineros públicos y la devolución de lo robado.