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Medardo Mora Solórzano | Consulta plebiscitaria

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Debió explicarse claramente qué cambios se harán y qué beneficios se lograrán para el país renovando ese pacto social

Habrá una nueva Consulta Popular el próximo domingo. No es el momento de discutir si debió o no realizarse la Consulta, cuyo costo lo paga el país. Lo que sí debió darse es una más clara información por parte del gobierno que la convocó, para que haya un pronunciamiento consciente de la ciudadanía.

Hasta este momento no se encuentran otras razones de que la Consulta tenga como propósito una especie de plebiscito, en el que la ciudadanía votará a favor o en contra del gobierno; esa es la realidad y la Consulta radicalizará posiciones políticas. Si triunfa el SÍ será una expresión de apoyo a la estabilidad del Gobierno, si triunfa el NO será una censura al gobierno.

Lo evidente y no discutible es que el Gobierno impulsa una campaña por el SÍ y la oposición por el NO, consecuentemente el resultado reflejará esa correlación de fuerzas. Desde esa óptica, el Gobierno tiene a su favor una fuerte corriente anticorreísta, que es la que lo hizo ganar las dos elecciones presidenciales. A eso se suma un paro forzado, impulsado por la oposición, utilizando a la Conaie, que generó el lógico rechazo de la mayoría de ecuatorianos por la violencia se utilizó, la poca consistencia del reclamo de oponerse a la eliminación del subsidio al diésel, que es claro que a quien más ha estado beneficiando es a contrabandistas y a la minería ilegal asociada al crimen organizado. A eso adicionemos las pérdidas que causó al país y en especial a trabajadores informales que viven de su trabajo diario.

No es discutible el derecho del presidente de convocar una Consulta para instalar una nueva Asamblea Constituyente, pero debió explicarse claramente qué cambios se harán y qué beneficios se lograrán para el país renovando ese pacto social entre ecuatorianos. Al menos debió garantizarse la incorporación a la Asamblea de todos los sectores sociales, económicos, políticos, para lo cual en anterior comentario sugería se incluyeran como asambleístas a representantes funcionales, como se lo hizo en la Constituyente de 1945. Sería una forma de romper la dicotomía correísmo-anticorreísmo y que se siga votando por el mal menor.