Martín Pallares | Apagones: un golpe criminal

Fuentes confiables dicen que la Lasso no quiso licitar la compra de centrales térmicas por miedo a que aparezcan informes de Contraloría
Difícil imaginar un golpe emocional colectivo tan devastador como el que han producido los apagones. Debe ser uno de los momentos de mayor desmotivación social que ha tenido la sociedad ecuatoriana en los últimos años. Ya no es únicamente el dolor acompañado de indignación e indefensión que produjo el cobarde asesinato de Fernando Villavicencio: ahora la desgracia de los cortes de energía llega como una suerte de rendición colectiva ante el fracaso de sus autoridades.
En diciembre del 2022 las autoridades ya sabían que se venía una crisis por culpa del estiaje y en febrero de este año la Cenace alertó sobre la necesidad de conseguir 400 megavatios hasta antes de octubre para paliar el colapso. ¿Qué se hizo desde entonces para evitar lo que está ocurriendo hasta ahora? Básicamente nada.
Se puede afirmar que esta situación es el resultado de una serie de malas decisiones que se remontan a, por lo menos, 20 años atrás. Es indudable que, si no hubiera habido la corrupción del correato, la central del Toachi-Pilatón (la única concebida en las estribaciones occidentales donde sí está lloviendo) estaría a estas alturas construida y entregando los 200 megavatios que tanta falta le hacen al país. También se puede decir que, si había honestidad y se compraban turbinas de buena calidad, la central Sopladora no estaría ahora con apenas dos de las tres turbinas que producen 163 megavatios cada una.
Todo eso y muchas otras cosas más se pueden decir ahora. Pero nada de eso justifica que las autoridades y, sobre todo, el presidente Guillermo Lasso no hayan declarado esta emergencia como un tema de Estado y evitado la actual crisis. Ojo, no era un tema imprevisto. Es cierto que solo tres de las ocho hidroeléctricas que el correato anunció funcionan, pero no es menos cierto que ese tema estaba ya consumado y que había que actuar en función de aquello.
Fuentes confiables dicen que la administración Lasso no quiso licitar la compra de centrales térmicas por puro miedo a que aparezcan informes de Contraloría y fiscalizaciones posteriores al gobierno. Si eso es cierto, se estaría hablando de una falta de responsabilidad de dimensiones terroríficas que no harían sino enterrar aún más en la historia de la miseria política a este gobierno que prometía traer la eficiencia del sector privado al anquilosado, decrépito y corrupto sistema estatista.