Ya son demasiados años que por cada crisis se ofrece una ley que promete un mejor país. La cantidad de leyes absurdas y de absurdas acciones frente a los problemas ya colman el inventario mental de cualquier ciudadano que pone atención al circo de ofertas.

Este año de pandemia nos pasamos sobreponiéndonos al ‘shock’ de la pérdida de seres queridos, cambios esenciales a la existencia y adaptación de comportamiento y comunicación en función de los cuidados para proteger la vida. En ese sentido, en Ecuador el ciudadano estuvo solo y solo salió adelante. Por solo quiero destacar que lo hizo sin la ayuda del Estado. La cola de renuncias en el Ministerio de Salud Pública es prueba de que no tenemos una visión efectiva para abordar soluciones concretas. El proceso de vacunación ha sido lento y mal hecho. Ahora tenemos un cuarto estado de excepción con restricciones de movilidad que, si bien responden a la franca irresponsabilidad de un número importante de individuos, no aborda el problema de manera integral. Nos acostumbramos a parchar las situaciones.

¿Por qué en un año el Gobierno no concentró esfuerzos en aumentar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos? Ya vivimos tiempos muy dolorosos y este no nos toma por sorpresa. Nos pasamos hablando de olas de contagio, de la mutación del virus, de evitar espacios cerrados, del contagio por aerosol, del autocuidado, de la vacuna y sobre todo de lo extraño que es este virus... y ¿cómo se marca la cancha? Con el encierro. Ahora llega un proyecto de ley en cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional para viabilizar restricciones de movilidad.

El proyecto, que se llama, Ley Orgánica para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia plantea regulaciones para restringir los derechos de libertad de movilidad y reunión sin tener que decretar estados de excepción. ¿Por qué se insiste, desde la autoridad, en la dinámica de “quitarle” al ciudadano? ¿Por qué no se exige que gestione de mejor manera la responsabilidad de Salud Pública que conlleva el gobierno y se nos traslada la carga del problema a los ciudadanos, restringiendo nuestro libre derecho de decidir? Alguien dirá: “porque si no hacen caso ponen en riesgo a los demás”. El problema está allí, en que aquí nos olvidamos de que los gobiernos deben competir por ofrecernos más y no lo contrario. Nos acostumbramos a que las trabas de operatividad estatales nos lleven a situaciones donde el ciudadano se acostumbra a llevar la peor parte y tenemos que cambiar el chip. Este fin de semana estaremos confinados. Habrá gente que no tendrá cómo sortear el efecto económico de las restricciones y entonces el problema empeora. La creación de este tipo de ley solo facilita el abuso por parte de quien ocupa el sillón de la autoridad. Estas alternativas pueden prestarse al abuso, así como la aprobación de otras leyes que promueven la “honestidad” pero refuerzan la extorsión.

Restringir derechos ciudadanos debe ser la cuestión más lejana a la autoridad de turno. Usemos el tiempo de confinamiento para reflexionar acerca de nuestra responsabilidad civil hacia el bien colectivo. Tenemos que exigirnos más para exigir más y elevar la vara. Si no, de una vez creemos una ley para el estornudo.