Que la Defensoría del Pueblo emita como solución al cobro indebido de un valor la publicación de la ley vigente en la vitrina de un local comercial es la muestra de que el sistema general tiene fallas profundas. No hay que meter a todos en el mismo saco, pues no todos los comercios cometen este abuso, sin embargo las denuncias recientes y el espacio que Diario Expreso ha dado a este tema prenden las alarmas. Ese: “Cóbrale no más, que no sabe que es ilegal”, es tan horroroso como robar unas monedas del bolsillo ajeno. El artículo 50 de la Ley del Consumidor establece que el comprador debe pagar lo mismo con efectivo que con tarjeta. Es decir que cuando un comercio le dice que el precio es X en efectivo y Y con tarjeta, usted acaba de recibir un incremento importante sobre el precio publicado. No se trata de que el Estado, ni ninguna institución fije los precios a vender de los artículos, imagínense semejante barbaridad, se trata más bien de que la cadena de pagos y cobros sea ordenada y respetuosa de cada uno de sus actores, incluido el consumidor final. Que los bancos cobren lo pertinente y así también el comerciante. Que no se den abusos, que no se aprovechen del incauto, sea cual sea dentro de la cadena de valor.

Dentro de la conversación sobre este tema se sabe que la irregularidad se ha dado en clínicas, comercios varios, consultorios médicos, talleres, entre otros. La autoridad conmina al consumidor a “castigar” a quien impone una recarga al pago con tarjeta. La Superintendencia de Bancos y la Defensoría del Pueblo han conformado una mesa técnica que investigue este asunto para determinar por qué no se ha sancionado esta violación a la ley. Pero más a fondo hay que investigar ¿por qué se produce el recargo?, ¿quién se ha beneficiado de estos porcentajes adicionales?, ¿dónde inicia la irregularidad o el descontrol? Por su parte, el ente competente para establecer sanciones es la Fiscalía, ante eso la realidad se esclarece por las poquísimas denuncias formales. El ciudadano está cansado de la carga, encima de todo tiene que ser él quien destine tiempo y recursos para acercarse a una institución pública a hacer conocer los detalles de la situación, eso con el susto de que sea como un ‘boomerang’ y le regrese como un problema adicional a resolver. Bastante tiene ya esa persona, que además, ya asumió un incremento en el precio o una incomodidad importante para pagar en efectivo.

También es cierto que nadie obliga al cliente a seguir escogiendo ese lugar donde sabe que hay recarga ilegal para pagos con tarjetas. Bien puede usted no volver allí o volver y asumir el acto ilegal. Pero en estas últimas palabras está la clave. No he mencionado un factor sumamente importante: la carga tributaria para las empresas ecuatorianas. Una carga tributaria poco competitiva y que solapa el exceso de gasto de un Estado obeso que debe ponerse a dieta con premura. A mayor presión, mayor defraudación. Esto no justifica el abuso ni la ilegalidad, pero lo explica. Quizá esta punta de iceberg dirija la conversación a una necesidad transversal de fondo que es el sinceramiento de la cadena de valor pública y privada, y quizá no. Quizá nos quedemos en un chivo expiatorio, algunos comercios sancionados y un ciudadano muy agobiado sin interés de denunciar, sino de resolver la necesidad y seguir con su vida. Consumidor final, en usted está gran parte de la solución.