La agricultura familiar (AF) contribuye en un 43 % al PIB agrícola, convirtiéndose en el sector más importante de provisión de alimentos para nuestro país. Los ingresos de estos agricultores se concentran exclusivamente en sus fincas; y al menos la mitad de la mano de obra no es remunerada. Además, poseen pequeñas parcelas desperdigadas en el territorio con bajos niveles de tecnificación, que en su mayoría no están asociadas. Finalmente, se caracterizan por niveles insuficientes de adopción tecnológica.

Los servicios de extensión agrícola son uno de los canales más importantes para transferir, no sólo el conocimiento de nuevas tecnologías, sino también educación agrícola en nuestra ruralidad. Estos servicios han presentado importantes reformas destacándose la creación del INIAP, y programas como PROTECA y PROMSA. Los últimos cambios institucionales permitieron una reinvención del extensionismo agrícola en el Ministerio del ramo, a través del Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica en el cual se conformaron las escuelas agrarias, que posteriormente fueron reemplazadas por la estrategia Hombro a Hombro, aun vigente.

La coordinación institucional (2013-2017) entre las entidades, antes citadas, que generaron investigación y desarrollo, y las que son responsables de la extensión agrícola en el Ministerio de Agricultura tuvieron como resultado: que en promedio el 17% del total de pequeños y medianos agricultores fueron capacitados en el manejo de buenas prácticas agrícolas. En el 2020, la cobertura fue 0,88%, notándose que estos Servicios de Extensión sufrieron un debilitamiento institucional cuyos orígenes podrían estar relacionados no solamente con la contracción fiscal, sino también por el limitado conocimiento de los roles institucionales por parte de las anteriores autoridades.

El extensionismo agrícola podría tener una alta incidencia en el mejoramiento del nivel de vida de la agricultura familiar, transformando sus características actuales.

Es fundamental para mejorar no solamente los métodos y técnicas agrícolas que consecuentemente aumentan la productividad y los ingresos, sino también aseguraría que los alimentos sean saludables y que cumplan con los parámetros de inocuidad. Por lo tanto, reinventar la institucionalidad de estos servicios se convierte en una prioridad para garantizar la oferta y la calidad de los alimentos de nuestro país.