Los cara de tuco
Al escribir este artículo, el expresidente Pedro Castillo descansa en el penal de Barbadillo, acusado también de rebelión
Como buen izquierdista latinoamericano, intentó disolver el Congreso porque los legisladores iban a votar una moción de vacancia en su contra tras haber sido acusado por la Fiscalía peruana de ser presunto cabecilla de una red de organización criminal, tráfico de influencia y colusión. Al escribir este artículo, el expresidente Pedro Castillo descansa en el penal de Barbadillo, acusado también de rebelión. La noticia recuerda a políticos de nuestra historia antigua y reciente. Asambleístas que quieren destituir ilegalmente al presidente electo para beneficiarse. Un exvicepresidente excarcelado sin pagar los $ 8,2 millones que adeuda al Estado. Líderes de movimientos campesinos que solicitan préstamos y luego amenazan con paros para no pagarlos. La función Judicial no administra justicia, enviando el mensaje de que la corrupción y los sabidos se salen con la suya y por lo tanto vale la pena serlo. No resuelve conflictos de la vida diaria de la ciudadanía o del comercio, generando un tufo a incivilización, en que las reglas se incumplen y no existe quién exija su cumplimiento. Nos quejamos de la integración de la Asamblea, pero estamos dignamente representados. Lo mismo en las demás funciones del Estado, con excepciones. Y no olvidemos a los funcionarios públicos que dejan el saco por la mañana en la silla y regresan por la tarde a marcar tarjeta, con sus puestos blindados por la Ley Orgánica de Servidores Públicos, haciendo complicada la reducción de un Estado gigantesco en relación con el PIB, y mientras los contribuyentes pagamos su sueldo sin recibir contraprestaciones. A esto se suman los narcopolíticos, que harán todo para que la delincuencia organizada prospere. En Perú, a los políticos delincuentes el poder Judicial los sanciona. Aquí un expresidente del Banco Central, con título de economista falsificado, sentenciado por peculado y enriquecimiento ilícito fue a un matrimonio en el exterior y no volvió; lo detuvieron las autoridades gringas. Y una cara de tuco se asila en una embajada por delitos comunes. Y un liberado por un juez de Paján se suma a la larga lista de “malas interpretaciones y omisiones” judiciales y administrativas que evidencian la necesidad de recomponer cada una de las funciones del Estado, con más esfuerzo que el que les tomó a los criminales descomponerlas.
