El problema educativo es preocupante. No hay, hasta el momento, una visión integral de él, y por ello las bases para una política de Estado en este fundamental ámbito.

El gobierno anterior cometió tal cantidad de errores que no han sido reparados, de modo que el escenario de la educación en el país se presenta como un conjunto de graves fallas y de vacíos que merecen un inmediato tratamiento, si se quiere articular la actividad educativa con las necesidades de nuestro desarrollo. 

Como muestras de las calamitosas medidas del correato están, por ejemplo, las escuelas del milenio, con cuyo funcionamiento se dejó fuera del sistema de la enseñanza a miles de niños; el cierre de escuelas rurales en la mayoría de provincias y la eliminación de los colegios especializados en la formación de maestros como el normal Rita Lecumberri de Guayaquil, los normales Manuela Cañizares y Juan Montalvo en Quito. 

A ello se sumó la creación del Bachillerato Unificado, la supresión de la mayoría de colegios técnicos sin pensar en que las características productivas de cada localidad requieren de personal especializado para el logro de mejores procedimientos, avances tecnológicos, y el invento del examen Ser Bachiller, que ha dejado fuera de la universidad a una gran cantidad de jóvenes en los últimos ocho años.

A propósito de esta problemática hemos visto muy pocos pronunciamientos de los líderes políticos y de los partidos. Uno de ellos, el del dirigente de Democracia Sí, Gustavo Larrea, resulta interesante. Sugiere una serie de cambios en los programas de estudio: 

incorporación de materias como cívica, ética, incremento del deporte, reapertura de las escuelas comunitarias, de los normales, eliminación del Bachillerato Unificado, creación del bachillerato técnico adaptado a las necesidades productivas y a la cultura de cada región, adopción de nuevas técnicas en la educación superior para aprovechar los avances de la tecnología y la comunicación, etc.

Se trata de una iniciativa que debe analizarse y discutirse.