Rafael Correa ante la Justicia: es el fin de un proceso que no figuraba en sus previsiones. El expresidente por supuesto tenía todo planificado para que ningún fiscal, ningún juez pudiera investigar; menos aún amenazar sus privilegios y su libertad. O la de su círculo más cercano. Precisamente para eso se dio la tarea de meter la mano a la Justicia. Para ello puso a un familiar, Galo Chiriboga, en la Fiscalía. A Gustavo Jalkh en la Judicatura. Para ello se cambiaron las cortes e incluso escogió a un juez, tan impresentable como Patricio Pazmiño, para que fuera nombrado, en junio de 2015, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que el líder de la Revolución Ciudadana estuviera ante un tribunal definitivamente no hacía parte del proyecto político.

Todo estuvo previsto; todo estuvo amarrado. Eso explica por qué Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, los hermanos Alvarado y columnas enteras de compas, poniendo en alto su aliento revolucionario y su superioridad ética, desafiaban a sus críticos a que les demuestren que eran corruptos. Y como prueba innegable de sus alegaciones exhibían los informes de Contraloría expedidos por Carlos Pólit, el auditor de bolsillo puesto por Correa; uno de los funcionarios más venales de esa década.

El control de fiscales y jueces se volvió el seguro más codiciado del correísmo. El control del CNE les garantizaba la continuidad en el poder. A Correa le falló Lenín Moreno quien, puesto ante la realidad electoral de 2017, aceitada por el hartazgo ciudadano, no tuvo otra salida que traicionarlo. Estar hoy ante la Justicia prueba que su sistema de control, chantaje, extorsión, favores y amenaza ha sido profundamente afectado. Solo Diana Salazar, la fiscal general, o la jueza Daniella Camacho saben el itinerario que han tenido que padecer para llamar a juicio al expresidente y a sus principales colaboradores. Correa está afectado, pero el costo para él no es judicial: es político.

Correa está en una carrera contrarreloj. Buscaba no ser llamado a juicio. Ahora buscará no ser condenado. De esta circunstancia dependen sus chances de volver al poder y, por supuesto, también de recuperar su liderazgo. Estas son las expectativas que inspiran lealtad por parte de personajes como los hermanos Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Paola Pabón o Virgilio Hernández. Sin Correa y su red de protección están solos. Si Correa resulta condenado, ese tablero político sufrirá serios cambios porque Correa no volverá ya que no está en su carácter ir preso por sus delitos. Lo que se verá en la Corte Nacional en estos próximos seis meses, será la medida exacta de la inversión política que hacen muchas fuerzas en la figura de Correa: él mismo; los corruptos de la década que lo acompañaron en su gobierno; dictaduras como la de Nicolás Maduro; gobiernos cleptócratas como el argentino con la inefable Cristina de Kirchner; Vladimir Putin.

Se entiende que Diana Salazar y Daniella Camacho han sido funcionarias que han hecho su trabajo. Y que lo han hecho en contextos contaminados, adversos y peligrosos. Es decir, que han sido amenazadas y ellas han sido, además de técnicas, mujeres valientes. Pero lo que se viene no es solamente una campaña de redes (que Correa ya la inició con cara de ‘boy scout’ y un relato de víctima para conmover): se viene una guerra astuta, clandestina y sucia de grandes proporciones que buscará que uno de los alfiles del socialismo del siglo XXI y de Putin en la región no sea neutralizado políticamente. Eso significará una eventual condena de Correa. Y en eso hay mucho en juego.