Si la Corte Constitucional no da paso al juicio político en contra de Guillermo Lasso, se acaba este culebrón político. Si lo admite, lo más seguro es que él decrete la muerte cruzada. Entonces, el país entraría de nuevo en una fiebre electoral. Se daría curso a hambres atrasadas del correísmo, el socialcristianismo, oportunistas como Virgilio Saquicela y sediciosos como Leonidas Iza. Esto, mientras el país real sigue sin certezas ni soluciones ante los problemas fundamentales que lo agobian. Unos de coyuntura, como las inundaciones y el sismo. Otros estructurales, como la inseguridad, el desempleo, la desnutrición infantil y la pobreza en general.

Este caso llega a la Corte Constitucional porque la oposición golpista agotó el mecanismo que la Constitución le franquea (artículo 130) para destituir al presidente. Le quedaba montar este juicio político y hacerlo conchabada con Leonidas Iza, presidente de la Conaie. El Partido Social Cristiano tiene experiencia en estas lides: ya ha usado los votos en la Asamblea y la fuerza en la calles. Por eso, el PSC se unió esta vez al correísmo, los renegados de PK, la ID e independientes que hacen coro con Saquicela, y nada ha dicho sobre las amenazas de Leonidas Iza. En octubre de 2019, Nebot había recomendado, a Jaime Vargas, Iza y sus amigos, que se queden en el páramo.

Ahora las tareas parecen repartidas como antaño, cuando Febres-Cordero reunió en El Cortijo a políticos, sindicalistas y otros movimientos sociales para sacar de Carondelet a Abdalá Bucaram. Iza, que es el único que tiene capacidad de movilización, se encargó de bloquear -al menos es su pretensión- la única salida constitucional que tiene Lasso en caso de que la Corte Constitucional emita el dictamen de admisibilidad del juicio: la muerte cruzada.

El líder de la Conaie, sin temor a mostrar su apetito, dijo que si el presidente firma ese decreto, previsto en el artículo 148 de la Constitución, estaría implantando una dictadura. Y que si lo hace, él emprendería otra movilización para evitar que gobierne, durante unos seis meses, por medio de decretos-leyes que necesitan el dictamen previo de la Corte Constitucional. Por eso agregó -para que la pinza cumpla su cometido- que él movilizará a sus huestes a la Corte Constitucional para presionarla. Es así que él entiende la legalidad: la Corte debe fallar en contra del presidente simplemente porque el pueblo -que él dice representar- así lo dispone.

En ese montaje golpista, la única pieza suelta es precisamente la Corte Constitucional. Una institución conformada por grandes juristas y, en especial, por personas decentes. Una anomalía en el país. Una corte hermética, ajena a las metidas de mano de políticos venales y que, seguramente, no se arrugará ante amenazas y presiones de Iza y sus comparsas: ellos ignoran la ley y creen que la doctrina depende y responde a actos de fuerza.

La Corte Constitucional, en una democracia que funciona, no juega el papel preponderante que tiene aquí. Señal inequívoca de la muerte de la política en el país, reducida a movidas golpistas y suma de votos. En ese sentido, la Corte Constitucional no solo vela por la legalidad constitucional sino por el mantenimiento de la institucionalidad y la sobrevivencia de la democracia.

En ese escenario no puede limitarse a revisar las formalidades (’checklist’); tiene que verificar de qué manera se cometieron los delitos de los cuales el presidente es acusado. Sí le corresponde dar una opinión en cuanto al fondo sin entrar a valorar las pruebas. Iza y sus aliados seguramente lo saben y por eso la amenaza con plantones de calle.