La Cámara de Minería del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Cámara de Producción e Industrias no esperaban este dictamen. Es obvio: la Corte Constitucional dictó otros fallos en los cuales negó consultas populares en Azuay para prohibir actividades mineras a gran escala.

Por ende -y a juzgar por las reacciones- la élite empresarial pensó que el pedido del Concejo Municipal de Cuenca correría la misma suerte. Sin embargo, esta vez, según Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, tuvieron particular cuidado en la redacción de las cinco preguntas y el texto enviado a la Corte Constitucional.

Karla Andrade, jueza ponente, lo reconoció, pues anotó en su dictamen: “a diferencia de consultas populares previas, en las que la inconstitucionalidad de los considerandos planteados provocaba una pérdida de la secuencia lógica y desvirtuaba la finalidad de la consulta, en este caso la gran mayoría de los considerandos cumple con los requisitos constitucionales y legales...”.

Por supuesto que en esta batalla legal que se dio en la Corte Constitucional no jugaron solamente los factores de forma. Y es ahí donde el empresariado tiene problemas para sintonizar con una sociedad que, zarandeada por todas partes, no está dispuesta a poner en jaque lo que mejor conoce: su entorno; su medio ambiente. Y la minería en general, y a gran escala en particular, no tiene buena prensa.

Sus defensores hablan de tecnologías de punta que hoy menguan sus consecuencias. Las montañas rebanadas y los desastres ecológicos que pululan en el mundo suscitan, sin embargo, grandes reticencias y viva oposición.

El empresariado habla de minería responsable. Se sabe, no obstante, que los estándares que esto impone son costosísimos, que limitan seriamente las utilidades y que la explotación requiere políticas de regulación y acuerdos sociales que están lejos de ser una realidad en el país.

Azuay lidera, además, un debate de fondo que opone los réditos económicos de la explotación minera a cielo abierto a la protección de zonas de recarga hídrica.

¿Quién ignora, por otro lado, que el país tiene precedentes nefastos en la explotación petrolera y que muchos temen que, a la vuelta de algunas décadas, se multipliquen casos similares a los de Chevrón, esta vez en el campo minero?

La élite empresarial encara estos temas con propaganda. Sus tesis están destinadas a clausurar el debate y a endosar a sus críticos la responsabilidad por la falta de inversión. Como si no hubiese que concebir el desarrollo -lo anota la Corte Constitucional- de manera integral: pensar en la inversión, pero también en un medio ambiente sustentable.

Como si al decir que el gobierno tiene el manejo exclusivo de los recursos estratégicos, se debiera entender que puede hacerlo en contra de los ciudadanos que resultarán directamente afectados. Como si Ecuador estuviera condenado a buscar fuentes de inversión solo en el extractivismo. Como si no fuera un deber para el Estado responder sensatamente sobre el beneficio real de esa actividad, versus el daño ambiental. Y determinar las zonas posibles de explotación minera donde no se comprometa un bien tan estratégico como el agua.

Es imposible que un tema tan polémico, que amenaza el frágil tejido social, se siga manejando como si dependiera del número de boletines empresariales publicados en los medios de comunicación. Hay, como es evidente en la explotación minera, líneas rojas y lo mejor es saber dónde están y por qué se ponen. La Corte Constitucional ya hizo parte de esa tarea. Y la elite empresarial, lejos de apreciar, la recibió de muy mala manera.